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Acciones para recuperar una deuda cuando se agota el patrimonio del deudor

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Cuando tras ganar una sentencia de reclamación de cantidad, se procede a la solicitud del embargo del patrimonio del deudor y aun así nuestro no ver resarcido su derecho de crédito ¿qué se puede hacer?

En no pocas ocasiones el cobro de las deudas, incluso las ejecutadas en sede judicial, se complica debido a la insolvencia del obligado al pago, quedando la deuda sin cobrar sine die.

Ante esta cuestión, en nuestro Despacho con sede en Oviedo, los letrados encargados de los procesos de reclamaciones de cantidad, obligaciones y contratos y derecho sucesorio, han revisado otras opciones previstas en la legislación vigente con el objetivo de recuperar las deudas de nuestros clientes, cuando no es posible embargar el patrimonio del deudor.

Así pues, ¿Qué pasa si el deudor renuncia la una herencia perjudicando a acreedores?

Pues que existe un mecanismo en el Código Civil en su art. 1001, donde se regula la posibilidad de que un acreedor acepte la herencia repudiada por el heredero hasta la cantidad que permita cubrir la deuda.

Para que se pueda proceder es necesario;

  • La existencia de una deuda que indiscutida.
  • Que dicha deuda exista antes de que el deudor repudie la herencia.
  • Que no pueda ser cobrada de otro modo. Pensemos en el supuesto de una ejecución de sentencia donde se ha procedido a recabar información de patrimonio del deudor y se ha constatado que no existen bienes embargables.
  • Solicitar autorización judicial para aceptar la herencia en lugar del que la repudia.
  • Solo podrá hacer suyos los bienes hasta cubrir el importe de la deuda. Es decir, no se coloca exactamente como heredero con los mismos derechos que quien repudió, se limita a su deuda y si excede dicho exceso acrecerá a los demás herederos.

Cumplidos dichos requisitos para el ejercicio de la acción, la aceptación en nombre del deudor debe autorizarse vía judicial por lo que se deberá iniciar el procedimiento oportuno. Si se resuelve de manera favorable, se podrá colocar el acreedor en la posición del deudor/heredero para aceptar la herencia y resarcir su deuda con cargo al haber hereditario que el deudor/heredero hubiera percibido si no hubiese renunciado.

Al constituir un mecanismo subsidiario y del que se requiere autorización judicial, es adecuado que acuda a un abogado, para que le asesore y analice si en su caso es viable el ejercicio de este acción (pues se deberá analizar la deuda reclamada, el patrimonio del deudor y la repudiación de la herencia con su contenido), por ello, si lo desea, no dude en contactar con nuestro Despacho de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en estos procesos. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

Teléfono: 985 216 689
Whatsapp: 662 194 474

Nacionalidad española por residencia. ¿Cuándo es posible?

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La nacionalidad es un vínculo jurídico de la persona para con el Estado, lo que le confiere una serie de derechos y deberes para el ciudadano que la ostenta. Existen varias formas de obtener la nacionalidad española dependiendo de la situación de la persona que quiera optar a ella (si es por vínculo familiar, por tiempo de residencia regular en el país, o por otros motivos) Una de las formas más comunes, es la nacionalidad por residencia, siendo necesario que el interesado cumpla con unos requisitos previos para poder optar a la misma.

Para poder comenzar con los tramites de la solicitud de la nacionalidad por residencia, el extranjero ha de llevar viviendo en España de manera legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante diez años, existiendo una serie de excepciones en que el número de años de tal exigencia varía:

Pueden solicitarlo a los cinco años las personas que hayan obtenido la condición de refugiado (¡ojo! Refugiado no es sinónimo de asilado o beneficiario de protección subsidiaria).

Sin embargo, el plazo para los nacionales de los países Iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí es de dos años.

Por otro lado, el plazo será de tan solo un año para todas aquellas personas que hayan nacido en territorio español, o habiendo nacido fuera de España, sus padres o abuelos hayan sido españoles, así como las personas sujetas por tutela, guarda o acogimiento de ciudadanos o instituciones españoles durante al menos dos años consecutivos, haya cesado o no esa situación a la hora de la petición.

¿Y si soy extranjero, pero contraigo matrimonio con un ciudadano español?

A estos efectos, se deberá estar casado con un nacional mínimo un año antes de solicitar la nacionalidad.

Evidentemente, la persona interesada en alcanzar el reseñado status, deberá demostrar que su nivel de integración en sociedad es óptimo, así como acreditar una buena conducta cívica.

La tramitación será diversa atendiendo también a un criterio de edad, dependiendo de si el interesado es menor o adulto, haciéndose a su vez una diferenciación entre los menores de 14 años y los menores comprendidos en la franja de edad de 14 y 18 años, dicotomía que afecta a la documentación que hay que aportar. Es obligatorio que los menores de 14 años o las personas con la capacidad modificada judicialmente, actuen mediante un representante legal para llevar a cabo la petición y tramitación de la misma.

Para la tramitación de este tipo de procedimientos es fundamental contar con el asesoramiento de especialistas para poder cumplir con todos los requisitos y que no se trunquen las pretensiones por defectos de forma. Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en esta cuestión, para asegurar no sólo la tramitación, sino su éxito, nuestro equipo de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en este proceso. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

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Sextorsión: ¿Puede cometerse agresión sexual con las redes sociales?

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La sextorsión (nomenclatura creada a partir de extorsión y sexual) es una forma de explotación sexual, en la cual una persona es inducida o chantajeada —generalmente por aplicaciones de mensajería por Internet— con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales.

De unos años a esta parte venía debatiéndose si ciertas conductas de sextorsión podían ser consideradas como una modalidad de agresiones sexuales. Esta cuestión ha sido resuelta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su reciente Sentencia número 447/2021, de 26 de mayo. Nuestros Abogados Penalistas en Oviedo le explican las claves a continuación.

¿Qué son las agresiones sexuales?

Son delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, que nuestro Código Penal tipifica en los artículos 178, 179 y 180. Consisten en la realización de actos de contenido sexual, en contra de la voluntad de la víctima, cuya resistencia se vence empleando violencia o intimidación. Cuando los actos implican acceso carnal o introducción de miembros corporales u objetos la agresión sexual recibe el nombre de violación.

Se prevén penas más severas en el artículo 180 del Código Penal cuando los actos sean especialmente denigratorios o sean llevados a cabo por la acción conjunta de varias personas.

¿Qué sucedió en este caso?

En este caso el acusado, fingiendo ser menor, entabló conversación con la víctima, de 12 años, a través de la red social “Tuenti”. También mantuvieron contacto por Whatsapp.

Por estos medios, el acusado mandó a la menor la foto desnuda de una chica, por la que se hacía pasar. A su vez y a cambio de tal imagen, pidió a la víctima que le pasara otra foto suya, también desnuda. La perjudicada se negó.

En ese momento, como reacción a la negativa el acusado la amenazó con denunciarla a ella y a sus padres por poseer la foto que le había mandado, lo cual le dijo que constituía un delito.

Presa del chantaje, la perjudicada menor, accedió a sus peticiones y le envío a través de Whatsapp diversas imágenes y vídeos en que aparecía desnuda. El acusado siguió pidiendo más contenido a la menor, amedrentándola. Así amenazó con que iba a hacer llegar a sus contactos en redes sociales los archivos, que había recibido de ella.

Cuando la familia de la menor descubrió los hechos, interpuso denuncia.

¿Cómo se resolvió el caso?

La Audiencia Provincial de Valencia condenó al acusado por un delito de elaboración de material pornográfico de carácter pedófilo, y le absolvió del delito de agresión sexual por el que se acusaba, al considerar que hubo embaucamiento o engaño, pero no violencia o intimidación.

Disconforme con la sentencia el Ministerio Fiscal recurrió al Supremo considerando que procedía condenar por un delito de agresión sexual, ya que se identifica con la llamada “sextorsión”: un modo de agresión sexual marcado por un claro elemento intimidatorio consistente en la amenaza de divulgar datos de contenido sexual para sujetar a la víctima a la voluntad del agresor.

El Tribunal Supremo estima el recurso, anulando la sentencia de instancia y dicta otra en su lugar en la que condena al acusado por un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 180 del Código Penal.

¿En qué se basó el Supremo?

El razonamiento del Tribunal Supremo es el siguiente: que el escenario digital implique que no coincidan agresor y víctima en el mismo lugar y momento no altera los elementos de la agresión sexual. Lo que el artículo 178 recoge, es que mediante violencia o intimidación se atente contra la libertad sexual de la víctima, lo que incluye también la agresión a distancia, también la on line.

En este sentido, trae a colación el concepto de ciberviolencia, esto es, “el uso de los sistemas informáticos para causar, facilitar o amenazar a las personas con violencia causando o pudiendo causar daños o sufrimientos físicos, sexuales, psicológicos o económicos”.

Así, entiende que está probada la existencia de acción lesiva de la indemnidad sexual de la entonces menor, toda vez que hay un claro elemento de intimidación (la amenaza de divulgar las imágenes de contenido sexual) como medio de sujetar a la víctima a la voluntad cosificadora del acusado, e imponer la realización de actos de contenido sexual contra la voluntad de la víctima.

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Me divorcio, ¿Es posible que me concedan la guarda y custodia en exclusiva de mis hijos?

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En el momento que la pareja o el matrimonio rompen, cesando su relación y convivencia, una de las decisiones esenciales es decidir quién tendrá la guarda y custodia de los hijos menores. Nuestro Despacho con sede en Oviedo atiende estas consultas a raíz de las cuales los letrados de derechos de familia realizan el siguiente análisis:

La guarda y custodia determina quien compartirá con el menor la convivencia habitual y por ello, quien se encargará con carácter ordinario de sus cuidados más esenciales como la alimentación o el vestido; se otorga a uno a ambos de los progenitores ¿Cómo se determina?

- Por la voluntad de los progenitores. En caso de acuerdo durante el divorcio, no existe complicación, puesto que ambos decidirán el régimen de guarda y custodia y así se recogerá en el convenio regulador que será sometido a la aprobación judicial.

-Por decisión judicial. En este caso Doctrina del Tribunal Supremo, en sentencia 257/2013, de 29 de abril, del tribunal Supremo fijó como criterio general el régimen de guarda y custodia compartida en base a los siguiente términos:  “… la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar… la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

¿Cuáles son las excepciones para que se opte por una guarda y custodia monoparental?

  • ü Horarios de trabajo, que le resulta al progenitor incompatible con la llevanza de la alimentación, vestido y habitación del menor.
  • ü Relación entre los progenitores, relaciones con el menor y sus aptitudes personales. Cuando exista enemistad manifiesta entre los progenitores.
  • ü Distancia entre domicilios, que convivan en distintos lugares e implique que el menor no se pueda desplazar entre ambos con asiduidad.
  • ü Los deseos manifestados por los menores, generalmente cuando alcancen los 12 años de edad.
  • ü El resultado de los informes exigidos legalmente.

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Mi inquilino se ha ido de la casa sin pagarme. ¿Qué puedo hacer?

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En la mayoría de los contratos de arrendamiento de vivienda o local, se estipulan las consecuencias existentes para el inquilino que no paga; generalmente, l el resultado más normalizado es la resolución del mismo contrato.

Cuando el arrendatario se demora en el abono de varias mensualidades, el arrendador suele efectuar requerimientos de pago por varias vías (email, whatsapp, llamada telefónica, etc.) llegando a remitir incluso reclamación extrajudicial como puede ser el envió del burofax. Si el inquilino deudor sigue habitando en la vivienda, nuestro sistema jurídico prevé la opción de, además de reclamarle las rentas y consumos que adeude, proceder con la acción de desahucio para que libere la vivienda y los anejos que figuren en el contrato si los hubiera. Se lleva a cabo mediante un procedimiento de juicio verbal de acumulación de desahucio y reclamación de rentas, que requiere obligatoriamente la asistencia de abogado y procurador.

Ahora bien, en ocasiones, el vecino deudor lo que hace es desaparecer; se va de la vivienda arrendada sin haber pagado nada de lo adeudado. Para este supuesto, existen dos alternativas; reclamar las cantidades mediante un procedimiento verbal o en su defecto, reclamar mediante un procedimiento monitorio. Para optar por una u otra vía, diferenciamos si conocemos o no el domicilio donde habita el deudor.

El Juicio verbal lo regula el 250.1. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es la opción más interesante si se desconoce dónde se encuentra el deudor. Como se indicaba previamente, es necesario presentar la demanda asistido de abogado y procurador por su especialidad. Es indiferente donde se encuentre el ex arrendatario, dado que el pleito se va a desarrollar en el lugar donde radica la vivienda objeto del arrendamiento, solicitando al juzgado que realice una averiguación domiciliaria del deudor. Desde la notificación de la demanda, se le dan 10 días para oponerse, celebrándose la vista si alguna de las partes lo requiere.

Sin embargo, si se conoce la ubicación del ex arrendatario, el proceso monitorio es la mejor opción. Se recoge en el art. 812 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y constata que se puede usar también para reclamar rentas y consumos. Primero se le reclamar el dinero mediante burofax, dándole un plazo para pagar. Si no lo hace, se procede con la petición inicial de proceso monitorio. Si no se opone en tiempo y forma, el juzgado decreta el fin del procedimiento, dando despacho de ejecución sin que se precise una demanda para tal fin.

Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en esta tipología de procedimientos, para asegurar la defensa de sus intereses. Nuestro equipo de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en estos procesos. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

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