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Desmitificando el Secreto del Sumario

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Es habitual que los medios informen que un Juez o Jueza de Instrucción decretaron el “Secreto del Sumario”. A pesar del uso generalizado, es un término cuyo significado no se suele explicar al ciudadano. Esto en ocasiones da lugar a usos interesados, como si de una restricción de la libertad de información se tratara.

En estas líneas, nuestros Abogados Penalistas de Oviedo aclaran el concepto “Secreto del Sumario”.

¿Qué es el Sumario?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal define el Sumario en su artículo 299:

Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.”

En otras palabras: es el expediente judicial en que consta el resultado de las investigaciones, que serán objeto del juicio. Es por tanto, la pieza clave del proceso criminal.

¿Por qué etapas atraviesa el Sumario?

A grandes rasgos nuestro proceso criminal tiene dos fases. En primer lugar, está la Instrucción consistente en la investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción, en torno a unos hechos que tengan apariencia de delito. La segunda, es el Juicio Oral, que se lleva a cabo una vez concluido el Sumario ante otro Juzgado o Tribunal.

Así, pues, hay dos etapas que atraviesa el Sumario: por un lado, está su formación, correspondiente a fase de Instrucción; por otro, está la de valoración, correspondiente al Juicio Oral.

¿Es de público conocimiento?

Esta distinción entre fases se suele omitir en la prensa, aunque es clave para entenderlo. Así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 301 que: “Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley”; y en su artículo 302 que “Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.”

Es decir, mientras dura la investigación y se forma el Sumario sólo pueden tener acceso y conocimiento las partes: el Ministerio Fiscal, las acusaciones y las defensas de quienes estén encausados. Esto es sobre todo una garantía para el buen fin de la investigación, evitando intromisiones de terceros y la intimidad de la partes.

Cosa distinta es el juicio, que como regla general es público por imperativo del artículo 120 de la Constitución (hay excepciones, que no corresponde tratar aquí). Es decir, puede ser presenciado por cualquier ciudadano que tenga interés. Aquí, dado que cualquier ciudadano puede presenciar el juicio, este carácter reservado se pierde: el espectador del debate judicial tomará conocimiento del Sumario. Pensemos en el ejemplo más evidente: el caso del Procés en que el Juicio fue televisado.

Entonces,

¿Qué es el Secreto del Sumario?

Es una medida que puede adoptar el Juez de Instrucción consistente en extender la reserva a las partes, de suerte que no pueden acceder, ni conocer el Sumario. Es una medida excepcional, que sólo se puede adoptar temporalmente y con alguna de estas finalidades:

  1. evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona (por ejemplo, para evitar represalias contra la víctima o allegados);
  2. prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso (p. ejemplo para evitar que los sospechosos puedan manipular elementos de prueba, cosa frecuente en los casos de corrupción).

Si precisa de asesoramiento, no dude en acudir a nuestro Despacho de abogados en Oviedo. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos o pedir cita para ser atendido en presencia. Puede contactarnos en:

Teléfono: 985 216 689
Whatsapp: 662 194 474
Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Quiero modificar mi testamento ¿Cómo proceder?

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Modificar el testamento es una cuestión sencilla, se procede al igual que cuando se realiza por primera vez. Cabe recordar en qué consiste el testamento; es el acto unilateral y personalísimo por el cual un individuo dispone, para después de su muerte, de su patrimonio. Dice nuestro Código Civil, que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, siendo válido el último testamento emitido.

Así pues, una respuesta genérica y amplia a la cuestión de si se puede - Formales; podrá testar la persona, cuantas veces quiera, siempre que no esté incapacitada judicialmente o aun no estándolo, si el notario otorgante no observare que el sujeto no puede entender.

  • De fondo; no todas las disposiciones testamentarias se pueden modificar, así pues, el reconocimiento de un hijo en testamento es irrevocable.

Sentado lo anterior, una consulta recurrente, es la referente al contenido del testamento y la necesidad de su modificación. Así, nuestros abogados expertos en derecho de sucesiones con Despacho de abogados en Oviedo,extraen sus conclusiones en cuanto a la oportunidad de su modificación:

  • Cuando cambian las relaciones con los legitimarios. La ley reserva con carácter obligatorio parte de la herencia a determinadas personas por motivos del parentesco del causante (padres, cónyuge e hijos), a los cuales se les asigna una partición en la sucesión; respetando la porción mínima, es posible ajustar el reparto de las cuotas de legítima favoreciendo en la cuota hereditaria a quien el testador desee.

Por ejemplo, si existen dos hijos, es posible realizar un testamento en el que uno reciba 1/6 parte de la herencia (legítima estricta) y el otro perciba 5/6 partes (legítima, mejora y libre disposición).

En supuestos más graves, como los de abandono o maltrato, se puede instar en el testamento la desheredación del heredero.

  • Ante una separación. En el supuesto de que no se haya supeditado el testamento a la condición de cónyuge, es recomendable excluir al ex marido o ex mujer si la voluntad del testador es que este/a no herede.
  • Nombramiento de albacea y contador partidor. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje en general a clases determinadas, esta persona designada en testamento puede nombrarse por razones de confianza personal o por competencia profesional, nuestros abogados están capacitados para asumir las funciones de albaceazgo y de contador partidor, evitando a los herederos complicados trámites.

De todas formas, cada supuesto tiene sus particularidades y debe ser analizado individual y pormenorizadamente. No dude en contactar con nuestro Despacho con sede en Oviedo, a través del teléfono 985 216 689 y en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., donde nuestros abogados especialistas en derecho de familia estudiaran su asunto y le señalarán la vía más adecuada para su caso.

Modificacion de la tarjeta de residencia

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Todas las tarjetas de residencia que se conceden en España para ciudadanos de países que no pertenezcan a la Unión Europea, han de cumplir una serie de requisitos condicionantes para otorgamiento y mantenimiento de las mismas. Estos requisitos varían dependiendo de la tipología de tarjeta que sea y de los derechos de que pueda disfrutar su beneficiario.

En el supuesto de las tarjetas concedidas para poder desarrollar un trabajo, la renovación de las mismas queda supeditada a que efectivamente se siga ejecutando la relación laboral por la que se otorgó; dicho de otra forma, si no se conserva el trabajo, se pierde el derecho a la residencia legal, al menos la que se supedita a ese tipo de tarjeta. Pero, ¿y si el trabajo se pierde de forma sobrevenida o por causas ajenas a la voluntad del trabajador? En estos supuestos, cabe la posibilidad de la modificación de la tarjeta de residencia, debiendo de reunir los requisitos para el cambio a otra tipología de permiso.

Puede darse el caso de una persona que consigue la tarjeta de residencia por un contrato de trabajo por cuenta ajena, que después finaliza por un despido (que ha de ser improcedente o por cuestiones objetivas) o un cierre de empresa. Si esto ocurre, el beneficiario de la tarjeta estaría en una situación irregular, pudiendo modificar el permiso a otro por cuenta ajena mientras que tenga causa justificada o en su defecto, a un permiso de trabajo por cuenta propia, pudiendo ponerse de trabajador autónomo, estando siempre a los requisitos exigidos.

Si la persona perjudicada tuviere algún familiar español, por ejemplo, su esposo o esposa, podría modificar el permiso obsoleto al de familiar de ciudadano de la Unión Europea, otorgándole una residencia que le permitiría trabajar en las mismas condiciones que un ciudadano español.

Hay que tener en consideración, que la modificación no supone la tenencia de un nuevo periodo de tarjeta, es decir; a efectos de temporalidad, se complementa con la que se tenía anteriormente; si era un permiso de 2 años y se modifica a los 14 meses, el tiempo de la segunda tarjeta será de 10 meses, susceptible de una renovación del tiempo que se estipule por la tipología de la nueva tarjeta.

Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en esta tipología de procedimientos, para asegurar la defensa de sus intereses. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos o pedir cita para ser atendido en presencia.

Si precisa de asesoramiento, no dude en contactar con nuestro Despacho de abogados en Oviedo:

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Plusvalía Municipal: A la tercera va la vencida

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El Impuesto sobre el Incremento de Valor sobre Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente llamado Plusvalía Municipal, es (o era) un tributo que grava (o gravaba) el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos y se pone de manifiesto con la transmisión.

¿Por qué hablamos en presente y en pasado? Porque recientemente se dio a conocer que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y, por tanto, nulos los diferentes apartados del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Nuestros Abogados de Inmuebles e Impuestos en Oviedo le explican a continuación.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Han sido varias las sentencias, que llevaron a este punto:

  • En primer lugar, está la importantísima Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017 (BOE de 15 de junio de 2017). Ésta determinó que determinados preceptos, que regulaban la Plusvalía Municipal eran inconstitucionales y, por tanto nulos, por someter a tributación situaciones en las que no se producían incrementos de valor.
  • Posteriormente, el Tribunal Constitucional Sentencia 126/2019, de 31 de octubre de 2019 (BOE de 6 de diciembre de 2019), consideró que esos artículos eran contrarios a la Constitución cuando el impuesto calculado con arreglo a ellos resultara confiscatorio. A estos efectos consideraba confiscatorio el impuesto cuando fuera igual o superior a la ganancia neta o beneficio efectivamente obtenido con la venta.

¿Qué ha determinado el Constitucional?

En nota de prensa se ha publicado el Fallo, que dice:

“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.

La sentencia considera que la nulidad se debe a que el sistema de valoración determina que siempre haya aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que sea real o no.

¿Tiene efecto retroactivo?

Es el quid de la cuestión. La sentencia se conocerá en los próximos días, pero de momento no se conoce. El fallo, según la nota de prensa, declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia.

¿En qué situación coloca al contribuyente?

Por el momento y hasta que no haya reforma, no se debe pagar Plusvalía pendientes de liquidar. Además, van a aumentarse significativamente los casos en que será posible recuperar el dinero cobrado indebidamente, especialmente, dada la generalización del sistema de autoliquidación en Asturias.

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¿Cómo se abonan los gastos de la Universidad de los hijos?

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A priori, es pacífico para la jurisprudencia que los gastos de la matrícula universitaria tienen carácter ordinario, pero ¿qué pasa con el resto de costes como libros, transporte, residencia… o que el joven desarrolle sus estudios en un centro privado?

Debemos especificar que esta problemática se presenta más bien cuando nos encontramos ante una guarda y custodia monoparental, donde el no custodio abona pensión de alimentos. En el caso de las compartidas, en la mayoría de los supuestos no se abona prestación de alimentos, por lo que no cabe duda de que los gastos deben ser abonados por ambos progenitores.

Nuestros abogados de derecho de familia con Despacho en Oviedo explican si ¿Es suficiente con la pensión de alimentos entregada por el progenitor no custodio? O ¿debe contribuir este especialmente a estos costes?

Vamos a distinguir, de forma esquemática varios supuestos;

  • Universidad pública que no requiriera traslado de residencia. Estaríamos ante un gasto ordinario cubierto por la pensión alimenticia.
  • Universidad privada y/o traslado de residencia. Dado que el coste es notablemente más alto que las de su homóloga pública, se suele establecer un régimen de gastos especial que equipare la contribución a los mismos entre ambos progenitores.

En caso de disputa, tras intentar agotar una vía de acuerdo entre las partes o, por ejemplo, acudir a métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación, solo nos quedaría instar la vía judicial para ponderar la suficiencia de la prestación de pensión de alimentos para sufragar la situación universitaria del hijo; para ello se tendrá en cuenta 1) El coste de la residencia 2) el coste de la Universidad 3) la cuantía de la pensión de alimentos previamente fijada y 4) la capacidad económica de quien debe asumir el gasto. No siempre se tiene que fijar al 50 %, se ponderará la situación económica de ambos progenitores.

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