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La plusvalía; ¿Hay qué pagarla?

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La plusvalía municipal es como se le llama coloquialmente al Impuesto de Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Es un tributo que gestionan los ayuntamientos, siendo discrecional su aplicación; es decir, que hay Ayuntamientos que lo repercuten, y otros que no.

Tras la gran polémica que hubo sobre su inconstitucionalidad, hay Ayuntamientos que han optado por no aplicarlo, y otros, que sin embargo, lo han mantenido adaptándose a la nueva legislación que lo rige.

Este impuesto, grava el beneficio que obtiene una persona como resultado de la transmisión de una propiedad por cualquier título; venta, herencia, legado, donación, permuta enajenación en subasta o expropiación forzosa.

Para que se pueda aplicar la plusvalía, el inmueble de que se trate ha de ser de naturaleza urbana, dado que no se aplica a las fincas rústicas.

Es relevante reseñar, que solo se va a pagar si hay beneficio entre la enajenación actual y la compra anterior; si el negocio jurídico no produce beneficios, la cuantía del impuesto será cero; por ende,si no hay ganancia, no hay que pagar nada. Esta circunstancia se tiene que demostrar, y la prueba siempre corre a cargo del ciudadano.

EL sujeto pasivo de la plusvalía dependerá del tipo de operación por la que se genere; en caso de transmisión gratuita, es decir, por sucesiones o donaciones, lo debe abonar quien recibe el terreno, mientras que si se trata de compraventa es el vendedor quien ha de hacerse cargo de mismo.

En el caso en que se diera una compraventa entre dos personas, siendo el vendedor no residente en España, pero hallándose el bien y el comprador en territorio nacional, el sujeto pasivo en este caso será el comprador.

La plusvalía se declara vía telemática o presencial; para abonarlo, será necesario ir a una entidad bancaria con la carta que remiten del Ayuntamiento en que figura la cuantía adeudada. En cuanto al plazo, para las transmisiones por compraventa, se dispone de 30 días a partir del devengo, mientras que, en el caso de las herencias, se dispone de un plazo de 6 meses desde el fallecimiento del causante.

Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en esta tipología de procedimientos, para asegurar la defensa de sus intereses. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos o pedir cita para ser atendido en presencia.

Si precisa de asesoramiento, no dude en contactar con nuestro Despacho de abogados en Oviedo:

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¿Qué sucede cuando la administración da la callada por respuesta? El silencio administrativo.

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La complejidad de algunos trámites hace que enfrentarse a la administración sea, de ordinario, algo poco agradable. Las cuestiones burocráticas, sin duda, ocupan bastante tiempo y esfuerzo al ciudadano. Quizá más del que deberían.

Hay veces en las que para simplificar (que no siempre facilitar) y reducir los inconvenientes la Ley establece algunos contrapesos. Uno de ellos es el silencio administrativo, concepto que nuestros abogados en Oviedo le explican a continuación.

¿Qué es el silencio administrativo?

El silencio administrativo es una ficción legal. Se da cuando trascurrió el plazo máximo de la Administración para resolver y permite entender que el procedimiento terminó como si existiera una resolución expresa.

En otras palabras: si la Administración da la callada por respuesta, la Ley, para evitar que el ciudadano quede bloqueado y pueda continuar con sus quehaceres, le permite entender que el procedimiento terminó.

¿Se da siempre el silencio administrativo?

No, pues existe una excepción. Así cuando se trate de actos desfavorables, de gravamen o sancionadores, si la Administración Pública no dicta resolución en el plazo legalmente previsto, se producirá la caducidad del procedimiento.

Por ejemplo, si se está tramitando una sanción por exceso de velocidad y en un año no se notificó la multa, se produce la caducidad y consiguiente archivo de las actuaciones.

¿Qué clases de silencio administrativo existen? ¿Cuáles son sus consecuencias?

El silencio administrativo puede ser positivo o negativo en función del sentido que la Ley dé a la resolución.

Así, es positivo si la Ley nos deja entender que la Administración nos dio la razón, accediendo a lo solicitado. En este caso, la Ley permite hacer valer la falta de respuesta ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica.

Es negativo en el caso opuesto, es decir, si la Ley nos dice que debe entenderse desestimada la solicitud. Esto es, cuando no nos da la razón. En este caso, la Ley permite interponer los recursos que procedan, sea en vía administrativa (alzada o reposición) o judicial (recurso contencioso-administrativo).

¿Cómo proceder ante el silencio administrativo?

Dependerá siempre del caso y el procedimiento. Así, la forma de actuar debe valorar siempre cada situación y analizar riesgos y beneficios. Sin embargo y, por lo general, puede decirse:

  1. a) En procedimientos en los que el silencio sea positivo. Por regla general, la Administración está obligada a certificar el silencio dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le pasó el plazo.

Sin embargo, lo más frecuente es que no lo haga, de modo, que siguiendo lo recomendado anteriormente, debe hacer una solicitud el ciudadano. En este caso el órgano competente deberá emitir el certificado en el plazo de quince días desde el siguiente a aquél en que la petición hubiera tenido entrada en el registro correspondiente.

  1. b) En casos de silencio negativo. En este caso las alternativas de las que dispone el ciudadano son las siguientes:
  2. Esperar hasta que la Administración resuelva. Es desaconsejable.
  3. Formular el recurso que proceda. Es lo aconsejable. Además, en estos casos es recomendable pedir que la Administración confirme o desmienta el silencio desestimatorio (sucediendo rara vez esto último, siendo frecuente que lo confirme).

Sí, los autos denegando o autorizando las prórrogas se rigen por el régimen general de recursos y caben reforma y apelación.

Si precisa de asesoramiento, no dude en acudir a nuestro Despacho de Abogados en Oviedo. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos o pedir cita para ser atendido en presencia. Puede contactarnos en:

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Con el divorcio ¿Quién tendrá el uso de la vivienda familiar cuando es privativa?

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La vivienda familiar se puede definir como el inmueble destinado al uso corriente y ordinario, configurada con vocación de continuidad  y donde reside el núcleo formado (generalmente, los progenitores y su descendencia). 

En el momento que la pareja o el matrimonio rompen, cesando su relación y convivencia, una de las decisiones esenciales es decidir quién albergará el uso de la vivienda familiar y durante cuánto tiempo. Nuestros abogados en Oviedo, atiende estas consultas a raíz de las cuales los letrados de derechos de familia realizan la siguiente clasificación:

En caso de acuerdo entre las dos partes, no existe complicación, puesto que ambos decidirán quien usa la vivienda y en qué términos y así se recogerá en el convenio regulador. Ahora bien, en caso contrario, ante un divorcio contencioso, una de las cuestiones clave será la de adjudicar el uso de la vivienda, por lo que deberemos atenernos principalmente a lo que sigue:

  • La existencia de hijos menores.
  • La situación económica y patrimonial de las partes.
  • La propiedad de la vivienda, exclusiva o compartida.

Aun siendo la vivienda propiedad exclusiva de unos de los cónyuges, para el primero de los supuestos, en ausencia de otra alternativa y de una limitada capacidad económica, el uso del domicilio podrá ser destinado a los hijos menores junto con el progenitor que con ellos conviva durante un periodo máximo fijado en la independencia económica de los jóvenes (siempre que esta edad sea razonable y el descendiente no alargue sine die sus estudios o su búsqueda de empleo). En este caso el propietario puede ver limitada su disposición sobre el inmueble (pensemos en una venta) y deberá, salvo pacto o resolución en contrario, abonar los gastos inherentes a la titularidad (por ejemplo el IBI); mientras que el progenitor usuario pagará los costes de consumo tarifados por aparatos contadores así como los de telefonía e internet.

Ante la ausencia de hijos, segundo de los casos, se puede conceder el uso al cónyuge no propietario durante un tiempo limitado, atendiendo a su protección en los casos de imposibilidad de acceder a otra vivienda a corto plazo.

Sobre esta materia, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 29.10.2019 resolviendo la extinción del uso de la vivienda familiar por la progenitora y sus hijos al haber comenzado la primera a convivir con su nueva pareja en dicha vivienda.

Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en todas estas cuestiones. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos o pedir cita para ser atendido en presencia.

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¿Cómo quedan los ERTES con la reforma laboral?

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El pasado 28 de diciembre de 2021 se publicó el Real Decreto Ley 32/2021 relativo a la reforma laboral. Este vino a reformar intensamente la materia de los ERTE a la vez que puso fecha final a los expedientes derivados de la legislación especial relacionada con la pandemia de COVID 19, cuya fecha de caducidad es el 31 de marzo de 2022.

Para no perdernos, nuestros abogados laboralistas de Oviedo les dan una noción breve de los aspectos más importantes.

¿Qué ERTES hay?

Tras la reforma laboral, hay un esquema básico de 4 modalidades, con sus correspondientes variantes. Así, se distinguen:

  1. ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Coloquialmente se denomina “ERTE ETOP”.

Se da ante circunstancias temporales que determinan un desajuste temporal entre el número de trabajadores de la empresa y la plantilla, que es necesaria para mantener la producción.

Un ejemplo puede ser el cierre de parte de un hotel para hacer reformas y/o sustituir mobiliario.

  1. ERTE por Fuerza Mayor.

Hay fuerza mayor si se da una situación extraordinaria y totalmente ajena al control de la la empresa, que sea imprevisible o, siendo previsible tenga consecuencias inevitables a pesar de ponerse toda la diligencia precisa para prevenirlas.

Un ejemplo clásico son los terremotos. Un caso menos de laboratorio, que sirve de ejemplo, fue la pandemia de COVID 19.

  1. ERTE por impedimento o limitación.

Es, en cierto modo, una variante del ERTE por fuerza mayor. Procede cuando existen decisiones de la autoridad pública, que se traduzcan en disminuciones o incluso paralizaciones de la actividad empresarial.

Un ejemplo puede ser la expropiación de los activos esenciales de la empresa. Un caso real y paradigma lo encontramos las restricciones de aforo por la COVID 19.

  1. ERTE RED.

El “Mecanismo Red” es un instrumento de carácter político. Su activación depende del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio correspondiente y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Se prevén dos modalidades:

  1. Modalidad Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.
  1. Modalidad Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

¿Qué consecuencias tienen?

Los ERTE una vez debidamente aprobados pueden suponer o bien, la suspensión del contrato o bien la reducción de la jornada.

En el primer caso las partes quedan desligadas temporalmente de sus obligaciones y ni el trabajador debe trabajar, ni el empresario abonar el salario. Sí tiene el empresario que abonar las cotizaciones, a salvo de lo que se dirá.

Si es un ERTE de reducción, la jornada y salario se disminuirán en la proporción acordada, que será entre un 10 y un 70 %.

¿Hay exenciones?

Después de la experiencia de los ERTE derivados del COVID se han previsto una serie de exenciones para que la medida suponga mayor alivio a la tesorería de las empresas.

Así, se prevén exenciones sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta en la siguiente proporción:

  1. El 20 % ERTE, siempre que se cumpla el requisito de llevar a cabo acciones formativas.
  2. El 90 % en los ERTE por Fuerza Mayor y por impedimento/limitación
  3. El ERTE RED cíclico tiene los siguientes tramos

– El 60 %, desde la fecha en que se produzca la activación, hasta el último día del cuarto mes posterior.

– El 30 %, durante los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo anterior.

– El 20 %, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo anterior.

  1. El 40 % ERTE RED sectorial, siendo discutido si debe o no condicionarse al desarrollo de acciones formativas.

Las exenciones son voluntarias. Para su aplicación, además de cumplir con los requisitos específicos de cada una, la empresa beneficiaria someterse a un compromiso de mantener el empleo por 6 meses desde el fin de la vigencia del ERTE.

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¿Cuánto duran las investigaciones penales?

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La lentitud de la justicia es sempiterna y viene de antiguo. No en vano, ya en 1882 la Ley de Enjuiciamiento Criminal decía:

Sin desconocer que la Constitución de 1812, el Reglamento provisional para la Administración de Justicia de 1835 y otras disposiciones posteriores, mejoraron considerablemente el procedimiento criminal, sería temerario negar que aun bajo la legislación vigente no es raro que un sumario dure ocho o más años, y es frecuente que no dure menos de dos, prolongándose en ocasiones por todo este tiempo la prisión preventiva de los acusados; y aún podría añadirse, para completar el cuadro, que tan escandalosos procesos solían no ha mucho terminar por una absolución de la instancia, sin que nadie indemnizara en este caso a los procesados de las vejaciones sufridas en tan dilatado período, y lo que es más, dejándoles por todo el resto de su vida en situación incómoda y deshonrosa, bajo la amenaza perenne de abrir de nuevo el procedimiento el día en que por malquerencia se prestaba a declarar contra ellos cualquier vecino rencoroso y vengativo. Esta práctica abusiva y atentadora a los derechos del individuo pugna todavía por mantenerse, con éste o el otro disfraz, en nuestras costumbres judiciales; y es menester que cese para siempre, porque el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado.”

Para ello, con escasa fortuna dicho sea, se intentó imponer un sistema de plazos, cuyas calves le explican nuestros Abogados de Derecho Penal de Oviedo.

¿Dónde se regula?

En el polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya reacción vigente proviene de la la Ley 2/2020, de 27 de julio.

¿Cuál es el Plazo máximo de instrucción?

En la actualidad el plazo es de 12 meses, prorrogables sucesiva e ilimitadamente por periodos iguales o inferiores a 6 meses.

¿Por qué motivos se puede prorrogar?

La reforma conllevó la desaparición de las causas tasadas para prorrogar la instrucción. Así, pues, cabe la prórroga por motivos de conveniencia para la investigación. Ello no quiere decir que sea puramente arbitrario: hay obligación especial de motivación al establecer la Ley que se resolverá por “auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación”.

¿Quién la acuerda?

Se acuerda por el Juez de Instrucción acuerde, de oficio, la o a petición del Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes.

¿Qué pasa con lo actuado fuera de plazo?

La Ley es tajante: se declarará la nulidad de los actos de investigación acordados y practicados fuera de plazo

¿Cabe recurso?

Sí, los autos denegando o autorizando las prórrogas se rigen por el régimen general de recursos y caben reforma y apelación.

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