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La ineptitud sobrevenida del trabajador. ¿Qué ocurre cuando se plantea este despido? ¿puedo solicitar una incapacidad permanente?

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Nuestro Despacho de Abogados en Oviedo, atiende estas consultas a raíz de las cuales los letrados de derecho laboral y de seguridad social realizan el siguiente análisis:

En no pocas ocasiones un trabajador sufre reiteradas bajas médicas prolongándose durante bastante tiempo una situación de incapacidad temporal y/o sufre unas dolencias que hace que le resulte imposible desarrollar su trabajo con una mínima profesionalidad y productividad.

¿Cuándo se produce? ¿A qué da derecho? ¿Qué consecuencias tiene?

Se produce cuando a través del análisis por médicos valoradores (designados por las mutuas, generalmente) constatan que el trabajador no se encuentra apto para retomar su trabajo, al ser incompatibles las dolencias padecidas con las labores troncales de la actividad profesional.

La situación descrita constituye un supuesto de despido objetivo por ineptitud sobrevenida del trabajador. Es un tipo de despido objetivo que implica una indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de una anualidad; además de la indemnización, se deberá poner a disposición del trabajador la liquidación con la parte de salario, pagas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas. Además, si el trabajador cumple con los requisitos de cotización devengue derecho a paro o prestación por desempleo.

Por otro lado, si los informes médicos lo avalan, puede constituir una prueba para solicitar una incapacidad permanente.

¿Qué sucede si no se está de acuerdo?

El trabajador puede impugnar el despido en el plazo de 20 días hábiles desde la comunicación del cese, carta que siempre se recomienda rubricar escribiendo “recibido y no conforme”.

Este procedimiento se inicia con una papeleta de conciliación, celebrándose un acto al que acudirán las partes para comprobar si es posible llegar a un acuerdo; en caso de negativa, se podrá presentar por el trabajador demanda ante la jurisdicción social, por lo que se celebrará un juicio; a este acto y para este procedimiento se recomienda llevar pericial médica y de un ergónomo, quienes podrán intervenir en sala para demostrar, en su caso, que el demandante puede desarrollar su trabajo y que es compatible con su enfermedad o dolencia.

¿Puedo solicitar una incapacidad permanente si soy despedido por este motivo?

El despido no es directamente motivo para solicitar la IP, pero si puede favorecer a su concesión, siempre y cuando se tenga informes médicos que acrediten patologías crónicas e irreversibles e impliquen una limitación funcional.

De todas formas, cada supuesto tiene sus particularidades y debe ser analizado individual y pormenorizadamente. Nuestro equipo de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en estos procesos de reclamación. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

Teléfono: 985 216 689
Whatsapp: 662 194 474
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Vivo fuera de España, pero tengo un familiar fallecido en el país. ¿Tengo que pagar impuesto de sucesiones?

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Como ya hemos comentado en otros post, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, grava a los movimientos de bienes o dinero mortis causa o inter vivos entre las diferentes personas. Es un impuesto estatal, pero son las comunidades autónomas las que se encargan de su gestión.

En el supuesto que se dirime lo siguiente; qué sucede cuando una persona vive fuera de España y tiene un familiar residente que fallece en el país; ¿está obligado el no residente a presentar el impuesto? ¿tiene los mismos plazos? ¿dónde se presenta? ¿se puede aprovechar de las exenciones previstas para las diferentes comunidades?

El caso particular da lugar a muchas dudas, pues en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, son situaciones de lo más comunes, pero en las que solo pensamos cuando nos pasan.

Cuando se reside fuera del territorio nacional de manera permanente, y se tiene un familiar que fallece, comienza la problemática; el no residente puede convertirse en su heredero (no todos los familiares tienen derecho a heredar, se hace una prelación de grados) y si es así, ha de presentar el impuesto de sucesiones como si viviera en España. El plazo es de 6 meses desde el día del fallecimiento.

La diferencia con la presentación para un ciudadano con residencia en España, es que en vez de hacerlo en el lugar donde tuviera el ultimo domicilio el causante, se ha de hacer necesariamente ante los servicios de la Agencia Tributaria centrales de Madrid, de forma telemática o presencial.

La duda que ha surgido siempre es si se podría beneficiar uno de las bonificaciones que tiene cada comunidad autónoma para los herederos de los causantes fallecidos en las mismas. Por ejemplo, atendiendo a un caso práctico; un ciudadano residente congoleño, cuyo padre, residente en Oviedo, fallece, ¿podría acogerse a la bonificación de los 300.000 de los grupos I y II que prevé el artículo 17 del Texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado?

Durante muchos años, los no residentes no pudieron beneficiarse de las bonificaciones reseñadas, pero tras la demanda de la Comisión Europea en que se ponía de relieve esta situación, se dictó la STJUE de 3/9/2014 que declaró que esa discriminación vulneraba el Derecho UE, asumiendo pues la Hacienda Pública en las Consultas Vinculantes V3151-18 de 11/12/2018 y V3193-18, de 14/12/2018 que NO puede discriminar a extracomunitarios con el Impuesto Sucesiones y Donaciones.

Para presentar los impuestos en tiempo y forma, le recomendamos acudir a un especialista de esta materia, dado que la presentación extemporánea o incompleta del mismo, puede acarrear graves perjuicios de índole económica para los obligados tributarios.

Si se encuentra en esta tesitura, no dude en contactar con Luis Pérez & Asociados. Nuestro equipo de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en estos procesos de reclamación. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

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El despido por vía de hecho. ¿Cuándo se produce? ¿Cómo reaccionar?

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El Derecho Laboral establece una serie de requisitos de forma y fondo para la validez despido. La principal exigencia formal es la notificación por escrito al trabajador por escrito, expresando las causas que motivan dicha decisión extintiva. Esto no es baladí y tiene una finalidad muy concreta: que el trabajador pueda valorar la existencia y veracidad de las causas alegados y, en su caso, defenderse.

Hay, sin embargo, casos en los que falta la carta. Cuando así sucede, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Nuestros abogados laboralistas de Oviedo les explican a continuación.

El despido tácito

En los casos de falta de comunicación concluyente hablamos de despido tácito. Es decir, es un despido por la vía de los hechos, que se da cuando no se llega a comunicar el despido y el mismo se deriva de hechos que dan a entender que el empresario ha dado por extinguida la relación laboral.

¿Qué problemas plantea?

Estos casos tiene como principal cuestión la prueba del despido en sí. De hecho, es lo único que se discutirá en la impugnación. Y ello, por una sola razón: si se demuestra que se ha producido un despido, éste deberá ser calificado como improcedente.

Así, el trabajador tendrá que verificar los hechos, que puedan dar lugar a entender que hubo extinción del contrato de trabajo, por ejemplo, la baja en la Seguridad Social, la falta de ocupación efectiva, el cierre del centro de trabajo o el impago de salarios.

Son cuestiones a probar, por lo general, de los medios de prueba admitidos en derecho, como actas notariales de constancia, actas o informes de la Inspección de Trabajo, del INSS; testigos, etc.

¿Tiene plazo?

Sí y es la cuestión a la que más atención debe prestar el trabajador.

Como en cualquier otro caso de despido, seguirá contando con un plazo de 20 días hábiles para impugnar. El inicio del plazo de caducidad es el principal escollo para el trabajador: no se produce una comunicación, ya sea verbal o escrita, de cuando tiene efectos la decisión del empresario.

Sobre el particular, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo da las siguientes pautas:

  1. El plazo opera y, por consiguiente, hay caducidad del derecho a reclamar por despido, siempre que existan indicios concluyentes, que permitan concluir que el empresario tuvo voluntad de extinguir el contrato de trabajo.

Por lo general, el principal indicio es la baja en la Seguridad Social.

  1. – En consecuencia, los 20 días hábiles tendrán que empezar a contarse desde el momento en que el trabajador cuente con dichos indicios y pueda constarle inequívocamente que se ha producido el despido.

Si se encuentra en esta tesitura, no dude en contactar con Luis Pérez& Asociados. Nuestro equipo de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en estos procesos de reclamación. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

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¿Cómo procedo cuando el INNS me propone para una incapacidad permanente?

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Nuestro despacho de abogados en Oviedo, atiende estas consultas a raíz de las cuales los letrados de derecho laboral y de seguridad social realizan el siguiente análisis:

¿Qué debo realizar en primer lugar cuando llegar la carta con la propuesta del INNS?

En el plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación (excluyen festivos, sábados y domingos) se deberán aportar el formulario de incapacidades que aparece en la sede electrónica de la Seguridad Social, juntos con los informes médicos. Hay dos opciones para su presentación; presencial o telemática; nuestro despacho está capacitado para la presentación de escritos vía telemática, ahorrando tiempo y desplazamientos a nuestros clientes.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Presentada la solicitud y los informes, serán citados por el Equipo médico de valoración de incapacidades para ser valorados por un facultativo del INNS. Tras ese análisis se recibirá una resolución, que, de ser desestimatoria se podrá recurrir ante el mismo Órgano durante un plazo de 30 días hábiles, al recibir la segunda resolución, si es negativa, podremos acudir a la jurisdicción social y presentar demanda.

A continuación se recibirá la citación para juicio, se celebrará y tras él llegará la sentencia sobre la incapacidad.

Si se obtiene una resolución favorable concediendo la incapacidad; la prestación a recibir dependerá del grado de incapacidad permanente en el que se le declare:

  • Gran invalidez. Implica que la persona en esta situación no puede realizar por sí tareas tan elementales como el vestido o aseo personal, es decir va a percibir por abonos mensuales el 150% de su base reguladora.
  • Impide al beneficiario la realización de profesión alguna, por lo tanto, percibirá el 100 % de su base reguladora.
  • Implica que el trabajador no puede realizar su profesión habitual, pero si otras, conlleva una prestación mensual de 55 % de la base reguladora en caso de que el beneficiario tenga menos de 55 años y a partir de esa edad se puede elevar al 75 %.
  • Consiste en una prestación de pago único o indemnización de hasta 24 mensualidades.

¿Es variable la situación de incapacidad permanente?

Si, una vez haya transcurrido un plazo de tiempo en el que no se podrá revisar que es fijado por el INNS, este término es particular de cada caso. Tras él se podrá revisar si:

  • Existencia de dolencias distintas a las que causaron la incapacidad.
  • Nuevas patologías.
  • Mejoría
  • Siempre que no se haya alcanzado la edad de jubilación.

De todas formas, cada supuesto tiene sus particularidades y debe ser analizado individual y pormenorizadamente. Desde Luis Pérez & Asociados. Abogados le asesoraremos en todas estas cuestiones. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita para ser atendido en presencia.

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El monitorio notarial; otra forma de reclamar deudas

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Con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se potenciaron una serie de competencias para los notarios entre las que se incluye la capacidad de reclamar deudas entre personas sin tener necesidad de acudir al juzgado. Este proceso, se denomina coloquialmente como “monitorio notarial”, y es semejante a la figura del monitorio judicial, pero sin necesidad de acudir al juzgado.

Es decir; en la actualidad, si tenemos una deuda vencida, exigible, dineraria y cierta, podemos optar entre la vía judicial y la notarial para poder reclamarla.

Las ventajas de tramitar este procedimiento en un notario, es que los plazos son mucho más cortos que los judiciales; el notario efectúa un requerimiento de pago al deudor, que dispone de 20 días hábiles desde su recepción para abonar la cuantía adeudada o en su caso, oponerse a la misma aludiendo a los motivos que justifiquen que no se debe tal cantidad.

Una vez notificado, recoja o no el requerimiento el deudor, comienza a transcurrir el plazo de los 20 días. Si paga, se cierra el acta notarial dándose por finalizado de forma satisfactoria. Sin embargo, si el requerido se opone, el acta se cierra dando la posibilidad al acreedor de reclamar la deuda judicialmente. En caso de pasividad por parte del deudor, es decir, que ni pague ni se oponga, el notario cerrará el acta, que servirá como un título ejecutivo en sede judicial.

Es una alternativa más eficiente a nivel temporal que la vía judicial, aunque es necesario señalar como contras, que están limitados a este tipo de procedimiento:

  • Deudas existentes entre empresarios.
  • Deudas existentes entre particulares.
  • Deudas de empresarios con particulares, si los particulares son los acreedores.

Las deudas que se exceptúan del monitorio notarial son:

  • Las basadas en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario.
  • Las basadas artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal (esto es reclamación de cuotas de comunidad y derramas a propietarios)
  • Las deudas de alimentos con menores o incapaces, y las basadas en materias indisponibles o que requieran autorización judicial
  • Las deudas de las Administraciones públicas.

Para dilucidar si la deuda que se ostenta es compatible con este procedimiento, o sin embargo, ha de reclamarse por un monitorio judicial, o en su defecto, por una reclamación de cantidad (juicio verbal u ordinario dependiendo de la cuantía) es necesario asesorarse acudiendo a profesionales expertos en esta tipología de casos, que le informarán del metido más eficiente, rápido y económico que se ajuste a sus 

Desde Luis Pérez & Asociados. Abogados le asesoraremos en todas estas cuestiones. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos o pedir cita para ser atendido en presencia.

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