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INCAPACIDAD PERMANENTE POR DEPRESIÓN ¿Cuándo se concede?

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Una de las patologías que puede desembocar en la concesión de una incapacidad permanente es la catalogada como depresión mayor, pero; ¿Sirve esta por si sola para declarar la incapacidad? Y, ¿En qué grado?

Este tema es una de las cuestiones recurrentes que los clientes precisan esclarecer antes de iniciar la solicitud de incapacidad, nuestros abogados con despacho en Oviedo, especialistas en materia de incapacidades (antes denominada invalidez) lo aclaran:

En relación a la primera cuestión ¿sirve la depresión mayor por si sola para declarar la incapacidad?

La respuesta es afirmativa. El TSJ de Asturias, Sala de lo social, en sentencia 2383/2018, de 16 de octubre reconoce la depresión mayor como causa incapacitante; la sentencia 823/2017 del TSJ de Aragón, se pronuncia en el mismo sentido que su homólogo de Asturias y añade la referencia a la autolisis y la STSJ de Cataluña de 3 de noviembre de 2015 (Rec. 3764/2015), declara en situación de IP por depresión y fibromialgia.

Pero bien, esto no debe generar una confianza desmedida en cuento a la expectativa de éxito. En la mayoría de casos las incapacidades se conceden con carácter holístico, es decir, por la valoración en conjunto de varías dolencias; entre otras, SSTS, Sala de lo Social, de 15.06.1990 (entre otras resoluciones) y de 18 y 29.01.1991, de tal modo que, aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente.

Y ¿En qué grado?

Va a fluctuar entre la total y la absoluta en función de las limitaciones que la enfermedad provoque.

La resolución del TSJ de Asturias, Sala de lo Social, sentencia 2444/2007 de 1 de junio, Rec. 2802/2006 reconoce la IP en base al “cuadro patológico descrito en esta es revelador de la existencia de una depresión intensa y persistente a pesar de los tratamiento pautados… cuyas posibilidades de remisión son inciertas, que por su naturaleza y por los efectos de la pauta terapéutica establecida produce importantes repercusiones funcionales. El estado psíquico que se pone de manifiesto revela la existencia de un importante deterioro en la capacidad laboral y resulta ya incompatible con el desempeño regular, eficaz y con rendimiento de cualquier actividad productiva a la que pudiera tener acceso en el mercado de trabajo, cuyo ejercicio exige de unas aptitudes de las que la trabajadora carece por razón de sus dolencias”. En los mismos términos se pronuncia la sentencia del TSJ de Asturias de 20.12.2010.

Como dispone la sentencia del T.S.J. ASTURIAS SALA SOCIAL DE OVIEDO, RSU RECURSO SUPLICACION 0000237 /2019, de 2 de abril, en relación al artículo 194.1 LGSS, “…establece que la incapacidad permanente se clasificará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado… se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio, y por incapacidad permanente total para la profesión habitual, la que le inhabilite para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta”.

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¿Por qué los socios pagan por los bienes o servicios de su sociedad?

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Decía San Agustín de Hipona “¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”. Algo parecido sucede a los Abogados de Derecho Mercantil cuando tienen que responder a la pregunta, que abre esta entrada.

¿Por qué decimos eso? Porque la respuesta se asume en relación a las grandes sociedades cotizadas (Telefónica, Apple, etc.), donde un accionista no se cuestiona por qué tiene que pagar por la línea o el teléfono o por qué ejercen derecho de admisión en determinados edificios. En cambio, ante idénticas situaciones, los socios o accionistas de las llamadas “sociedades cerradas” (Sociedades Limitadas o Sociedades Anónimas, con pocos socios o accionistas y en las que apenas existe separación entre administración y capital) enfrentan la cuestión con incredulidad, a menudo expresada con las preguntas “¿Cómo no puedo coger lo que es de mi propia sociedad?” o “¿Cómo que no puedo entrar a mi propia sociedad?”, preguntas, que suelen ser origen de muchos de los conflictos mercantiles en Derecho de Sociedades.

La personalidad jurídica y sus implicaciones en la propiedad

Sin embargo, el fundamento, que da respuesta a las preguntas, es igual tanto para las grandes Sociedades Cotizadas, como para las PYME tenga forma de Sociedad Anónima o de Sociedad Limitada: la personalidad jurídica. En efecto, una Sociedad Anónima o una Sociedad Limitada son entidades con personalidad jurídica propia. Es decir, se trata de una máscara que se pone a un patrimonio, máscara de la cual resultan a los ojos de la Ley sujetos distintos y legalmente diferentes de sus socios o accionistas; que como tales sujetos independientes, pueden ser y de hecho son dueños de bienes y titulares de relaciones jurídicas (p.ej. puede ser parte en contratos y quien tendrá los derechos y obligaciones, que de ellos resulte, será la sociedad y no sus socios).

El significado de la acción y la participación

Así, pues, una acción en la SA o una participación en la SL son condición de la atribución de sus derechos (p.ej. voto, participación en los beneficios, etc.); pero nunca de la adquisición de los bienes y derechos sociales, que son -y mientras no se liquide- y seguirán siendo de la sociedad. En otras palabras, cuando uno adquiere una acción o participación, se hace con un tanto por ciento de la “máscara” de la sociedad, pero no con un % sobre sus activos.

Por esta razón el socio es un tercero respecto de todos y cada uno de los bienes, que compongan el patrimonio societario, incluidas las mercaderías. Y por ello se le podrá prohibir a los socios del uso de activos sociales, o beneficiarse a coste 0 de bienes y servicios. En otras palabras: el accionista de Apple debe pagar por los teléfonos de dicha empresa o el socio de “Restaurante SL” debe pagar la cuenta si va a comer, porque no son propietarios del teléfono, en el primer caso; o de los platos, que se le sirva, en el segundo caso.

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ME HA SALIDO UNA GOTERA EN CASA, ¿Me la tiene que cubrir el seguro?

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En ocasiones y de manera sobrevenida, aparecen humedades y filtraciones de agua en cualquier lugar de la casa, que aunque en principio parecen inofensivas, pueden llegar a causar una serie de desperfectos bastante relevantes.

Ahora bien; es necesario plantearse, qué hacer ante esa situación y buscar quién ha de hacerse cargo de esa reparación.

Lo más común en los hogares, es contar con un seguro que se haga cargo de este tipo de inconvenientes, pero no siempre es así. Hay que estar a dos factores:

  1. La causa de las filtraciones
  2. El responsable de la causa de las humedades.

En este sentido, lo primero que se ha de averiguar es si la filtración de agua procede de un elemento privativo de la vivienda de algún vecino, o, si la causa radica en el deterioro de algún elemento común del edifico.

Si la causa radicase en un elemento comunitario (el caso más común son los canalones, los patios exteriores y las posibles fisuras de las juntas del tejado) habría que comentar la situación al presidente de la comunidad, para que el seguro de la comunidad, se hiciera cargo tanto de la reparación del origen como de los desperfectos de la vivienda damnificada.

El problema radica cuando las filtraciones acaecen a causa de un elemento privativo de la vivienda de un vecino. Si la gotera proviene de la casa del propietario del piso superior, por ejemplo, será responsabilidad suya (y de su seguro, si lo tuviere) localizar y reparar los daños del predio damnificado. En este supuesto, hay que apelar a la buena voluntad del mismo, así como de que tenga contratado un buen seguro que responda. El conflicto acaece cuando no existe tal seguro o el vecino directamente no acepta su responsabilidad.

Ante esta situación, es importante actuar con rapidez y concisión; lo primero, sería contratar un perito, el cual se encargaría de emitir un informe detallado del daño, dilucidando origen, causa y coste de reparación. A continuación, sería necesario remitir una notificación fehaciente al vecino responsable de los daños, punto clave de la gestión, pues hay que efectuar la reclamación de los mismos en el periodo de un año desde que se genera el daño, por lo que siempre es oportuno, romper con ese plazo de prescripción. Enviar un burofax relatando lo acontecido para reivindicar responsabilidades, sirve para agotar la vía extrajudicial e intentar resolver el conflicto de manera amistosa, pudiendo optar por la vía judicial si no resultase efectiva la primera.

Si se hiciere inobservancia del requerimiento reseñado, habría que acudir a la vía judicial. Para efectuar la tramitación de este procedimiento, así como para poder resolver las cuestiones previas en vía extrajudicial de la manera más rápida y cómoda posible, lo óptimo es buscar ayuda especializada en esta materia, en aras a la consecución de un resultado satisfactorio.

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INCAPACIDAD PERMANENTE ¿Qué es la base reguladora?

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Una de las cuestiones recurrentes que los clientes precisan esclarecer antes de iniciar la solicitud de incapacidad permanente es conocer, aproximadamente, el importe de la prestación que percibirán en caso de que sean declarados en dicha situación.

Pues bien, nuestros abogados con despacho en Oviedo, especialistas en materia de incapacidades (antes denominada invalidez) aclaran esta pregunta.

En primer lugar, es muy importante conocer las bases de cotización del solicitante, que estarán disponibles vía telemática previa solicitud en la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las reglas de cómputo varían en función de diversos factores:

  • La edad del solicitante en el momento de la tramitación.
  • Los años cotizados (para eso es imprescindible revisar el informe de vida laboral, disponible vía electrónica en la página web de la seguridad social, como ocurre con el de bases de cotización).
  • La contingencia que causa la solicitud de la incapacidad permanente (común o profesional).

Sentado lo anterior podemos definir a la base reguladora como la cantidad, resultado de la realización de unas operaciones aritméticas en base a las características del interesado, que recibirá el declarado en situación de incapacidad permanente en concepto de prestación fija o mensual.

¿Quién realiza el cálculo?

Como indicábamos al inicio de este artículo, los profesionales podemos realizar un cálculo, pero siempre con cautela, pues el único oficial lo realiza y comunica la seguridad social una vez iniciado el expediente.

Establecida la definición y modo de cálculo ¿Qué porcentaje de la base reguladora se percibirá?

Pues bien, dependerá del grado de incapacidad permanente en el que se le declare:

  • Gran invalidez. Implica que la persona en esta situación no puede realizar por sí tareas tan elementales como el vestido o aseo personal, es decir va a percibir por abonos mensuales el 150% de su base reguladora.
  • Impide al beneficiario la realización de profesión alguna, por lo tanto, percibirá el 100 % de su base reguladora.
  • Implica que el trabajador no puede realizar su profesión habitual, pero si otras, conlleva una prestación mensual de 55 % de la base reguladora en caso de que el beneficiario tenga menos de 55 años y a partir de esa edad se puede elevar al 75 %.
  • Consiste en una prestación de pago único o indemnización de hasta 24 mensualidades.

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Dos cuestiones, aún desconocidas, sobre accidentes de tráfico: el informe de la compañía y el informe forense.

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La despenalización de los accidentes de tráfico, junto con la reforma hecha por la Ley 35/2015 fueron una renovación del sistema de indemnización y reclamación en esta materia. A pesar de llevar 4 años en vigor (desde el 1 de enero de 2016, para accidentes ocurridos a partir de entonces), es habitual los clientes acudan a los abogados de tráfico con el “chip” de la legislación anterior, de forma que el contraste puede acrecentar sus dudas. En esta entrada tratamos dos aspectos de la actual legislación sobre accidentes de tráfico en los que más dudas detectamos: a) el informe de la compañía; y b) el informe forense.

Informe de la Compañía

Una duda recurrente se plantea en torno al deber de la aseguradora de facilitar el informe médico, hecho tras exigir la comparecencia personal del perjudicado para su valoración médica.

La respuesta es afirmativa. Así, indubitadamente, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, hace depender del informe médico la admisibilidad y validez, de la oferta de la compañía.

Así pues, la falta de informe es un vicio de invalidez de la oferta, cosa que determinará el tenerla por no puesta y, además, que una eventual condena de la aseguradora, conlleve el pago de los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Informe Forense

Antes de la despenalización de las faltas, tras un accidente de tráfico el perjudicado debía poner denuncia ante los Juzgados, que tras abrir diligencias, citaban al lesionado para el reconocimiento del médico forense.

Hoy día, si bien existe la posibilidad de informe forense, hubo un notable cambio en el proceder para obtenerlo. Así, la tramitación viene contemplada en el RD 1148/2015 y podemos resumirla como sigue:

  1. sólo cabe iniciar el procedimiento tras recibir la oferta motivada;
  2. principia con instancia a la que se debe acompañar la oferta motivada y toda la documentación médica relativa a las lesiones;
  3. dicha documentación se presenta ante el Instituto de Medicina Legal del lugar del accidente o del domicilio del perjudicado (en el caso de Asturias, es el “IMLAS”, Instituto de Medicina Legal de Asturias);
  4. admitida la solicitud el IMLAS cita al lesionado para reconocimiento del médico forense;
  5. el informe se entregará dentro del mes siguiente, contando las partes con 7 días más para pedir aclaraciones.

El informe tiene un precio público de entre 80 y 350 €, a cargo de la aseguradora, que deberá abonarla a requerimiento del IMLAS si no lo hizo voluntariamente.

Si tiene alguna consulta, no dude en contactar con nosotros. Nuestro leal saber y experiencia como abogados de tráfico, desde hace 15 años, estarán a su servicio desde el mismo inicio de los trámites, para lograr que su reclamación llegue a buen término lo antes posible.

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