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ME HA SALIDO UNA GOTERA EN CASA, ¿Me la tiene que cubrir el seguro?

goteras

En ocasiones y de manera sobrevenida, aparecen humedades y filtraciones de agua en cualquier lugar de la casa, que aunque en principio parecen inofensivas, pueden llegar a causar una serie de desperfectos bastante relevantes.

Ahora bien; es necesario plantearse, qué hacer ante esa situación y buscar quién ha de hacerse cargo de esa reparación.

Lo más común en los hogares, es contar con un seguro que se haga cargo de este tipo de inconvenientes, pero no siempre es así. Hay que estar a dos factores:

  1. La causa de las filtraciones
  2. El responsable de la causa de las humedades.

En este sentido, lo primero que se ha de averiguar es si la filtración de agua procede de un elemento privativo de la vivienda de algún vecino, o, si la causa radica en el deterioro de algún elemento común del edifico.

Si la causa radicase en un elemento comunitario (el caso más común son los canalones, los patios exteriores y las posibles fisuras de las juntas del tejado) habría que comentar la situación al presidente de la comunidad, para que el seguro de la comunidad, se hiciera cargo tanto de la reparación del origen como de los desperfectos de la vivienda damnificada.

El problema radica cuando las filtraciones acaecen a causa de un elemento privativo de la vivienda de un vecino. Si la gotera proviene de la casa del propietario del piso superior, por ejemplo, será responsabilidad suya (y de su seguro, si lo tuviere) localizar y reparar los daños del predio damnificado. En este supuesto, hay que apelar a la buena voluntad del mismo, así como de que tenga contratado un buen seguro que responda. El conflicto acaece cuando no existe tal seguro o el vecino directamente no acepta su responsabilidad.

Ante esta situación, es importante actuar con rapidez y concisión; lo primero, sería contratar un perito, el cual se encargaría de emitir un informe detallado del daño, dilucidando origen, causa y coste de reparación. A continuación, sería necesario remitir una notificación fehaciente al vecino responsable de los daños, punto clave de la gestión, pues hay que efectuar la reclamación de los mismos en el periodo de un año desde que se genera el daño, por lo que siempre es oportuno, romper con ese plazo de prescripción. Enviar un burofax relatando lo acontecido para reivindicar responsabilidades, sirve para agotar la vía extrajudicial e intentar resolver el conflicto de manera amistosa, pudiendo optar por la vía judicial si no resultase efectiva la primera.

Si se hiciere inobservancia del requerimiento reseñado, habría que acudir a la vía judicial. Para efectuar la tramitación de este procedimiento, así como para poder resolver las cuestiones previas en vía extrajudicial de la manera más rápida y cómoda posible, lo óptimo es buscar ayuda especializada en esta materia, en aras a la consecución de un resultado satisfactorio.

Si precisa de asesoramiento, no dude en contactar con nuestro Despacho de abogados en Oviedo:

Teléfono: 985 216 689
Whatsapp: 662 194 474
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INCAPACIDAD PERMANENTE ¿Qué es la base reguladora?

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Una de las cuestiones recurrentes que los clientes precisan esclarecer antes de iniciar la solicitud de incapacidad permanente es conocer, aproximadamente, el importe de la prestación que percibirán en caso de que sean declarados en dicha situación.

Pues bien, nuestros abogados con despacho en Oviedo, especialistas en materia de incapacidades (antes denominada invalidez) aclaran esta pregunta.

En primer lugar, es muy importante conocer las bases de cotización del solicitante, que estarán disponibles vía telemática previa solicitud en la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las reglas de cómputo varían en función de diversos factores:

  • La edad del solicitante en el momento de la tramitación.
  • Los años cotizados (para eso es imprescindible revisar el informe de vida laboral, disponible vía electrónica en la página web de la seguridad social, como ocurre con el de bases de cotización).
  • La contingencia que causa la solicitud de la incapacidad permanente (común o profesional).

Sentado lo anterior podemos definir a la base reguladora como la cantidad, resultado de la realización de unas operaciones aritméticas en base a las características del interesado, que recibirá el declarado en situación de incapacidad permanente en concepto de prestación fija o mensual.

¿Quién realiza el cálculo?

Como indicábamos al inicio de este artículo, los profesionales podemos realizar un cálculo, pero siempre con cautela, pues el único oficial lo realiza y comunica la seguridad social una vez iniciado el expediente.

Establecida la definición y modo de cálculo ¿Qué porcentaje de la base reguladora se percibirá?

Pues bien, dependerá del grado de incapacidad permanente en el que se le declare:

  • Gran invalidez. Implica que la persona en esta situación no puede realizar por sí tareas tan elementales como el vestido o aseo personal, es decir va a percibir por abonos mensuales el 150% de su base reguladora.
  • Impide al beneficiario la realización de profesión alguna, por lo tanto, percibirá el 100 % de su base reguladora.
  • Implica que el trabajador no puede realizar su profesión habitual, pero si otras, conlleva una prestación mensual de 55 % de la base reguladora en caso de que el beneficiario tenga menos de 55 años y a partir de esa edad se puede elevar al 75 %.
  • Consiste en una prestación de pago único o indemnización de hasta 24 mensualidades.

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Dos cuestiones, aún desconocidas, sobre accidentes de tráfico: el informe de la compañía y el informe forense.

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La despenalización de los accidentes de tráfico, junto con la reforma hecha por la Ley 35/2015 fueron una renovación del sistema de indemnización y reclamación en esta materia. A pesar de llevar 4 años en vigor (desde el 1 de enero de 2016, para accidentes ocurridos a partir de entonces), es habitual los clientes acudan a los abogados de tráfico con el “chip” de la legislación anterior, de forma que el contraste puede acrecentar sus dudas. En esta entrada tratamos dos aspectos de la actual legislación sobre accidentes de tráfico en los que más dudas detectamos: a) el informe de la compañía; y b) el informe forense.

Informe de la Compañía

Una duda recurrente se plantea en torno al deber de la aseguradora de facilitar el informe médico, hecho tras exigir la comparecencia personal del perjudicado para su valoración médica.

La respuesta es afirmativa. Así, indubitadamente, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, hace depender del informe médico la admisibilidad y validez, de la oferta de la compañía.

Así pues, la falta de informe es un vicio de invalidez de la oferta, cosa que determinará el tenerla por no puesta y, además, que una eventual condena de la aseguradora, conlleve el pago de los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Informe Forense

Antes de la despenalización de las faltas, tras un accidente de tráfico el perjudicado debía poner denuncia ante los Juzgados, que tras abrir diligencias, citaban al lesionado para el reconocimiento del médico forense.

Hoy día, si bien existe la posibilidad de informe forense, hubo un notable cambio en el proceder para obtenerlo. Así, la tramitación viene contemplada en el RD 1148/2015 y podemos resumirla como sigue:

  1. sólo cabe iniciar el procedimiento tras recibir la oferta motivada;
  2. principia con instancia a la que se debe acompañar la oferta motivada y toda la documentación médica relativa a las lesiones;
  3. dicha documentación se presenta ante el Instituto de Medicina Legal del lugar del accidente o del domicilio del perjudicado (en el caso de Asturias, es el “IMLAS”, Instituto de Medicina Legal de Asturias);
  4. admitida la solicitud el IMLAS cita al lesionado para reconocimiento del médico forense;
  5. el informe se entregará dentro del mes siguiente, contando las partes con 7 días más para pedir aclaraciones.

El informe tiene un precio público de entre 80 y 350 €, a cargo de la aseguradora, que deberá abonarla a requerimiento del IMLAS si no lo hizo voluntariamente.

Si tiene alguna consulta, no dude en contactar con nosotros. Nuestro leal saber y experiencia como abogados de tráfico, desde hace 15 años, estarán a su servicio desde el mismo inicio de los trámites, para lograr que su reclamación llegue a buen término lo antes posible.

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El impuesto de sucesiones y donaciones

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El Impuesto de sucesiones y donaciones, es el que grava o fiscaliza, principalmente, los movimientos de bienes o dinero mortis causa (sucesiones) o inter vivos (donación) entre diferentes personas. Las comunidades autónomas son las encargadas de su gestión, por lo que dependiendo de donde sea la persona que fallece o, en su defecto, la que cede el bien, se le aplicará una normativa diferente.

A la hora de liquidar el mismo, y desarrollando en este texto la transmisión patrimonial en los casos mortis causa, es decir, lo atinente a las sucesiones, es importante reseñar varios aspectos clave para la presentación del mismo.

  1. El impuesto de sucesiones ¿quién es el sujeto pasivo?

El fallecimiento de un familiar directo, genera una serie de tramitaciones de orden legal que es necesario que sus causahabientes o herederos, lleven a cabo para tramitar la herencia.

Una de las gestiones que han de hacer los herederos (o legatarios, en su caso) es presentar el impuesto de sucesiones cumplimentado ante la entidad gestora de los tributos de su comunidad autónoma. La cuantía a abonar en virtud del impuesto, depende de lo que se reciba en la herencia.

  1. ¿Qué plazo existe para presentarlo?

El plazo de presentación del impuesto, es de 6 meses desde el fallecimiento del causante, pudiéndose solicitar una prórroga de otros seis meses, siempre que se efectúe tal petición durante los primeros cinco meses de plazo.

  1. Deducciones por parentesco:

Asimismo, en la cuantía del haber hereditario que se reciba y que sea objeto de gravamen del impuesto, se podrán practicar reducciones en función del grado de parentesco con el fallecido según los siguientes grupos:

Grupo I: Descendientes y adoptados menores de veintiún años. Podrán deducirse de la cuota resultante la cantidad de 15.956,87 €, más otros 3.990,75 € por cada año que al descendiente o adoptado le falten hasta cumplir los 21 años, con el límite máximo de 40.946,96 €.

Grupo II: Descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. La reducción será de 15.956,87 €.

Grupo III: Colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad. La reducción será de 7.993,46 €.

Grupo IV: Colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños. No se podrá aplicar ningún tipo de deducción.

  1. ¿Qué documentos hacen falta?

En principio, para liquidar el impuesto es necesario rellenar el modelo 650 (de su autoliquidación de sucesiones) y el modelo 660 (declaración de sucesiones).

Además se han de aportar una serie de documentos:

  • Certificado de defunción del causante.
  • Últimas voluntades.
  • Testamento o declaración de herederos si es una herencia ab intestato.
  • Fotocopias de DNI de causante y sujetos pasivos declarantes.
  • Medios probatorios de bienes.

Ciertamente, la presentación del impuesto de sucesiones puede generar problemática a la hora de la consecución de la documentación, así como en lo atinente de la cumplimentación del mismo, por lo que es recomendable acudir a profesionales que tengan experiencia en este tipo de trámites.

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La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¿es inconstitucional?

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La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¿es inconstitucional?

El 28 de julio se publicó en el BOE la Ley 2/2020, de 27 de julio, que modifica el polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma en líneas generales supone:

  1. Plazo máximo de instrucción de 12 meses, prorrogables sucesiva e ilimitadamente por periodos iguales o inferiores a 6 meses;
  2. Desaparición de las causas tasadas para prorrogar la instrucción, aunque hay obligación especial de motivación al establecer que se resolverá por “auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación”;
  3. Posibilidad de que el Juez de Instrucción acuerde, de oficio, la prórroga o que ésta se pida por cualquiera de las partes, a diferencia del régimen anterior en que sólo estaba legitimado el Ministerio Fiscal
  4. Nulidad de los actos de investigación acordados y practicados fuera de plazo;
  5. Admisión de recursos. A diferencia del régimen anterior, como no hay exclusión expresa, contra el auto denegando la prórroga cabrán reforma y queja en el Sumario (arts. 217 y 218 LECrim); o reforma y apelación si el auto se dicta en Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado (art. 766.1 LECrim).

Por último, hemos de prestarle especial atención a la disposición transitoria de la ley, según la cual “La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor de la presente Ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquel”. Esta disposición tiene efectos prácticos nada desdeñables: alargar otros 12 meses, instrucciones, que o bien ya habían agotado el plazo máximo o de alguna de sus prórrogas o bien estaban a punto de llegar al mismo.

La cosa no es baladí: dado que el plazo anterior del 324 LECrim buscaba beneficiar a los imputados para evitar dilaciones indebidas, este alargamiento de las causas supone una aplicación retroactiva restrictiva de derechos, algo vedado por el artículo 9.3 CE. Así las cosas, para defender los intereses de nuestros clientes, en cuanto se nos plantee la aplicación de esta disposición transitoria, instaremos una cuestión de inconstitucionalidad.

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