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COVID 19: Dudas y consultas jurídicas recurrentes

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A colación de la Epidemia de Coronavirus, se han adoptado medidas, con gran impacto en la vida cotidiana de la gente. Esto, como es lógico, crea incertidumbres en cuanto a la situación jurídica de cada persona y, con ello, angustia de no saber a qué atenerse. En esta entrada, tratamos de responder algunas de las cuestiones que se suscitan con mayor frecuencia:

Caso 1 – Contagio verificado en microempresa: si debe cumplirse cuarentena ¿qué sucede:

a) con el cumplimiento de encargos? Habrá de estarse al contrato marco. Siendo extraño, que en éstos se asuma el riesgo de pandemia, cabe apelar a la doctrina del rebus sic stantiubus y a la buena fe de la contraparte. En este sentido, lo anterior implica que pueda flexibilizarse el cumplimiento (generalmente por aplazamientos) o, en casos extremos extinguir la obligación.

Es recomendable, cuando se haya percatado de dificultad o imposibilidad de cumplir, advertir de ello a la otra parte y emprender negociaciones, de buena fe, para llegar a acuerdos novatorios (de modificación amistosa) o, de ser un caso excepcional, de resolución (terminación y liquidación amistosa del contrato).

b) qué ocurre respecto de los trabajadores? Puede haber lugar a la suspensión del contrato, bien porque la cuarentena implique situación de IT (baja) del trabajador; bien, porque la situación sea causa habilitante para iniciar un ERTE.

Caso 2 – Trabajadores, que se ven inmersos en un ERTE:

a) ¿Debe notificarse esta decisión? Sí, en todo caso, y en dos momentos distintos. En un primer momento:

  • si el ERTE es por fuerza mayor se debe notificar el inicio del procedimiento a los trabajadores. Además, si hubiera Representación de los Trabajadores en la empresa, éstos deberán recibir copia de la memoria justificativa presentada a la autoridad laborar.
  • Si el ERTE es por causas objetivas (causas económicas técnicas organizativas o de la producción), debe notificarse la apertura de período de consultas, en que se negociará de buena fe las condiciones del ERTE.

En ambos casos y, en un segundo momento, deberá notificarse a los trabajadores, la decisión definitiva ya sea tras haber resolución de la Autoridad Laboral competente, apreciando la existencia de fuerza mayor; ya por haber finalizado el período de consultas.

b) Si estoy de baja, ¿me puede afectar el ERTE? Sí, aunque no varía sus situación. Nos explicamos: si adoptadas las medidas usted siguiera de baja, se mantendrá en esa situación cobrando la prestación correspondiente. Si mientras dure el ERTE, hubiera sido dado de alta, pasará a la situación acordada (reducción o suspensión), pasando a percibir prestación de desempleo.

c) Si un ERTE, me pilla de vacaciones ¿qué sucede? En este caso, el trabajador queda incluido en el mismo y solo agota los días disfrutados antes del expediente. El remanente de vacaciones no disfrutadas, queda pendiente para se reincorpore con la vuelta de la empresa a su actividad.

Hemos de reseñar que es ilegal es que la empresa obligue al trabajador a coger vacaciones, haya o no ERTE.

d) Estoy pluriempleado, ¿cómo me afecta el ERTE? En este supuesto, podemos distinguir dos situaciones:

  • Un contrato a tiempo completo y otro a tiempo parcial: Si se produce el ERTE respecto del contrato a jornada hay prestación por desempleo aunque se disminuye teniendo en cuenta el contrato a tiempo parcial. Si el ERTE es respecto del contrato a tiempo parcial, hay incompatibilidad y por ello no tendrá derecho a prestación por desempleo.
  • Dos contratos a tiempo parcial: el ERTE en uno implica prestación por desempleo aunque se disminuye en proporción a lo que se mantenga de jornada en el que siga vigente y sin suspender.

Caso 3. - ¿Qué sucede después de un ERTE?

El RD – Ley 8/2020 establece que:Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.”

Ello implica, que tras un ERTE por fuerza mayor, la empresa deba reincorporar y mantener a los trabajadores al menos 6 meses. El incumplimiento de estos requisitos, da lugar a que se exijan las cotizaciones, respecto de las cuales hubo exoneración. Todo ello, sin perjuicio de la impugnación del despido.


Otra pregunta adicional que ronda por la cabeza de muchos trabajadores ante la situación que nos encontramos es la de:
 ¿Me puedo negar a ir a trabajar?

Es una cuestión compleja. Por el simple miedo entendemos que no tendría dicha posibilidad, tiene que existir un riesgo objetivo, por ejemplo, que haya un contagiado entre los compañeros y no se hubiesen proporcionado EPIS tras una petición. En esos casos la ley de prevención de riesgos laborales permite al trabajador suspender la relación laboral y abandonar su puesto de trabajo.

Si tiene cualquier duda, no dude en consultar a nuestros despacho de abogados en Oviedo.

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Las uniones extramatrimoniales en España. ¿Es necesaria su regulación?

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Ante la ausencia de reglamentación común en todo el territorio nacional, el legislador autonómico se ocupó con más o menos detalle de este fenómeno, en función de sus competencias. Por tanto, actualmente, en nuestro país conviven las uniones extramatrimoniales formalizadas con las puramente fácticas.

Nuestra reflexión se ciñe a plantearnos, por un lado, si una regulación absoluta de las uniones extramatrimoniales les privaría de su propia esencia; por otro, sí es preciso abordar en el plano normativo algún aspecto de ellas con el fin de proteger al conviviente perjudicado por la ruptura -o a terceros- y por último, si debe dejarse libertad absoluta al individuo para autorregularse en el desarrollo de su autonomía privada en este aspecto.

Puedes leer este artículo completo desde aquí

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Deudas: ¿Cómo recupero mi dinero?

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No son pocas las ocasiones en las que, principalmente, los profesionales ven como en el ejercicio de su actividad los clientes no les pagan, causando deudas, con las severas consecuencias que para la prosperidad y mantenimiento del negocio pueden acarrear.

Nuestros abogados de recuperaciones con despacho en Oviedo pueden gestionar toda la tramitación para intentar que usted recobre su dinero. Debemos comenzar explicando que, el origen de un amplio porcentaje de casos se centra en un profesional (autónomo) o persona jurídica (empresa) que presta un servicio o encargo a un cliente que no abona.

¿Qué nos hará llevar a éxito la reclamación?

Resulta especialmente relevante disponer de prueba que justifique el encargo, el cumplimiento de este, la cuantificación y la solicitud al deudor. Ello se puede acreditar mediante lo siguiente;

  • Documento de encargo firmado, un contrato o documento afín como puede ser el presupuesto firmado. Lo más riguroso siempre será la firma de un contrato.
  • Comunicación fehaciente al moroso de las facturas debidas. Como puede ser mediante la remisión por correo postal certificado, correo electrónico, o la más segura, mediante burofax.
  • Acreditación del trabajo realizado; ya sea mediante el cumplimiento del servicio o la entrega de lo pactado. Sobre este aspecto podemos utilizar albaranes de entrega, un testigo o cualesquiera otros documentos o prueba que lo cercioren.

¿Cómo se tramita la reclamación?

Realización de un primer aviso; nuestro despacho efectúa un requerimiento previo mediante burofax donde consta la referencia del acreedor, la del deudor y la justificación de lo reclamado, para finalmente dejar nuestro contacto y otorgar un plazo prudencial de días para que contacten con nosotros en aras a llegar a un acuerdo de pago.

En defecto de contacto en el plazo estipulado o incluso, ante la posibilidad de rehúse del burofax, deberemos iniciar la vía judicial mediante la elaboración y presentación de demanda de proceso monitorio en la que incluiremos, al menos; la hoja de encargo, contrato o afín y la factura debida, así como el burofax previo.

Ante esta situación, el deudor solo puede guardar silencio, pagar u oponerse a la reclamación (esto último solo podrá prosperar si tiene justificación para ello).

¿Cuáles son las consecuencias de la presentación de proceso monitorio?

El deudor al recibir el requerimiento puede abonar directamente la deuda.

El deudor guarda silencio, con lo cual en 20 días hábiles ya podemos solicitar el embargo de sus bienes vía juzgado.

El deudor se opone (siempre y cuando tenga motivos) alegando, por ejemplo, que ya ha pagado (todo o parte) o que no se ha cumplido total o parcialmente la obligación por el acreedor. Solo en este tercer supuesto se acudirá a juicio y obtendremos una sentencia que resuelva el asunto.

¿Qué plazo tiene el acreedor para solicitar la deuda?

La norma marca un plazo de tres años para reclamar el cumplimiento de la obligación. Debemos reseñar que la remisión del burofax sirve como notificación fehaciente de reclamo de deuda.

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Atención PYMES y Autónomos con trabajadores

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¿Qué hacer con los empleados durante el estado de alarma?

La grave situación actual que atravesamos derivada de la pandemia del COVID-19, hace que no pocas empresas y autónomos vean mermada incluso anulada su actividad. Esto es aún más arduo para aquellos que cuentan con empleados asalariados.

¿Qué soluciones podemos buscar ante el cese de la actividad provocada por el coronavirus?

Nuestro despacho de Oviedo cuenta con abogados que les pueden asesorar en las materias introducidas por el RD 8/2020 y realizar los trámites oportunos en relación a los procesos de:

  • Reducción de jornada.
  • Suspensión de contratos: Tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES).

Las empresas, en los casos de ERTE por fuerza mayor y a instancia del empresario se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, cuando a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si tuviera 50 o más trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Para proceder con alguna de las anteriores acciones se precisa acreditar debidamente: pérdidas de actividad (suspensión o cancelación), cierre temporal de locales, restricciones en el transporte público y, la movilidad; falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

No dude, contacte con nuestro despacho de abogados con sede en Oviedo, pues les podremos asesorar sobre cuál es la solución más idónea y en su caso iniciar las tramitaciones ante la autoridad laboral.

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Coronavirus: Actualización de medidas Laborales y de Seguridad Social

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Coronavirus: Actualización de medidas Laborales y de Seguridad Social

A 18 de marzo de 2020, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En relación al ámbito laboral y de seguridad social, podemos resumir su contenido más relevante de la manera que sigue:

  1. Medidas de ordenación de la actividad

1.1. – Para garantizar que la actividad empresarial y laboral se reanuden con normalidad tras la situación alarma sanitaria, se dispone que se establecerá sistemas alternativos de organización que permitan mantener la actividad (particularmente el teletrabajo), debiendo la empresa adoptar las medidas técnica y razonablemente posibles y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Con el objetivo de facilitar el ejercicio del trabajo a distancia en sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera previsto, la evaluación de riesgos obligatoria se entenderá cumplida, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por el trabajador.

1.2. Los trabajadores tendrán derecho a reducción de jornada por cuidado del cónyuge o familiares hasta el segundo grado (hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos). El permiso es una prerrogativa del trabajador que podrá ejercitar cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones de alarma sanitaria. El permiso deberá preavisarse con 24 horas de antelación y ser justificado, razonable y proporcionado, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado, debidamente acreditadas, y las de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

 

  1. Prestación extraordinaria para autónomos por cese de actividad

2.1. – Con carácter excepcional y vigencia de un mes, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 (14 de marzo), declarando el estado de alarma; prorrogable hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma; los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud del estado de alarma, o cuya facturación en el mes anterior al de la prestación se vea reducida, al menos, un 75 % en relación al promedio del semestre anterior tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

La cuantía es del 70 % de la base reguladora, si acreditase el período de carencia necesario; o del 70 % de la mínima, en otro caso. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

2.2. - La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

 

  1. – Medidas extraordinarias en materia de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES).

3.1. – Se considerarán debidos a fuerza mayor y tramitarán por éste procedimiento, los ERTES cuyo origen esté en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales, restricciones en el transporte público y, la movilidad; falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. Cualquiera de estas circunstancias debe quedar debidamente acreditada.

El procedimiento se mantiene igual en términos generales, aunque se añaden nuevas exigencias (la solicitud se debe acompañar de informe, del que debe haberse dado copia a los trabajadores) y la posibilidad de la autoridad laboral de recabar informe de laITSS.

3.2. En cuanto a los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, se disminuyen los plazos (la comisión negociadora, caso de no haber representantes de los trabajadores, deberá estar en plazo de 5 días; el período de consultas es de 7 días) y se establece como preceptivo el informe de ITSS.

 

  1. Efectos en materia de Seguridad Social de los ERTES

4.1. - Para las empresas, en los casos de ERTE por fuerza mayor y a instancia del empresario se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, cuando a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si tuviera 50 o más trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

La exoneración no tendrá efectos respecto de los trabajadores, el período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

4.2. – Los trabajadores afectados por un ERTE, cualquiera que sea la causa que lo fundamente, tendrán reconocido el derecho a la prestación por desempleo (el paro), aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo, sin que su cobro consuma los períodos máximos de percepción establecidos.

Ello también se aplica a personas trabajadoras afectadas, si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o si carecieran del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente. En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con especialidades respecto a la cuantía y duración.

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