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Deudas de trabajo: ¿Existe alguna vía rápida de recobro?

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Lo cierto es que la Ley Reguladora intenta establecer una vía rápida para el recobro de deudas laborales, que ofrezcan mínimos resquicios de discusión. Se trata del Procedimiento Monitorio Laboral, que nuestro Abogados Laboralistas de Oviedo pasan a explicarle.

¿Cuándo podemos acudir al monitorio laboral?

La premisa es que se trata de un procedimiento de recobro de deudas menores y de certeza en cuanto a devengo, existencia y posibilidad de pago.

Así, la Ley lo permito para reclamaciones que

  • Se formulen frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso;
  • Se refieran a cantidades, derivadas de la relación laboral, excluyendo, pues, cuestiones, como el despido o las sanciones; así como reclamaciones de carácter colectivo
  • Tengan por objeto sumas vencidas, exigibles y de cuantía determinada. Es decir, que no haya un plazo que impida reclamarlas; que sean fruto de una contrapartida laboral y no estén prescrita; y, en fin, que el monto sea líquido y resulte claramente establecido.
  • No excedan de la cuantía de seis mil euros.

¿Qué requisitos tiene?

El monitorio principia con una petición inicial, dirigida al Juzgado y que debe expresar:

Datos del trabajador, de forma completa y precisa.

Identidad completa y precisa del empresario deudor. Esto es, se deben dar sus datos de identificación fiscal, domicilio completo, así como cuantos datos de localización y de comunicación se tengan (correo – e; teléfono, etc.)

Detalle de los concretos conceptos, cuantías y períodos reclamados; con desglose de los mismos. En este punto, es importante señalar que tiene que documentarse un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda. A ello servirán documentos como copia del contrato; nóminas; comunicaciones empresariales; un reconocimiento de deuda, certificado, etc.

También es preceptiva la documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación.

¿Cómo se tramita?

- La solicitud se presentará, preferentemente, por medios informáticos, de disponerse de ellos, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto. Recibida por el juzgado, el Letrado de la Administración de Justicia comprobará los requisitos y en caso de faltar alguno, concederá 4 días para subsanarlos.

- Si la petición cumple los requisitos se admite a trámite. Con ello, se requiere al empresario para que, en el plazo de 10 días, pague al trabajador o se oponga. Del requerimiento se dará traslado por igual plazo al FOGASA, para que diga si necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos.

– A partir de ahí dependerá de lo que pase en ese plazo:

  • Si hay pago, se archiva el proceso y se hace entrega de las sumas al trabajador;
  • Si no hay pago u oposición, se dará por terminado el monitorio y el trabajador podrá ejecutar para el cobro de lo que se le debe;
  • Si el empresario se opone, se celebrará un juicio, estando obligado el trabajador a demandar dentro de los 4 días siguientes.

Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en esta cuestión, para asegurar no sólo la reclamación, sino su éxito. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos o pedir cita para ser atendido en presencia.

Si precisa de asesoramiento, no dude en contactar con nuestro Despacho de abogados en Oviedo:

Teléfono: 985 216 689
Whatsapp: 662 194 474
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Sobre la elección el centro escolar de los hijos; ¿A quién corresponde la decisión?

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Una de las cuestiones centrales que se plantean en derecho de familia tras la separación o divorcio de los progenitores, es  la elección del colegio al que acudirán los menores, ya sea al inicio de su etapa escolar o en posteriores cambios.

Nuestros abogados expertos en derecho de familia con despacho en Oviedo responden a estas cuestiones, nos son pocos los clientes a los que se les presenta esta disyuntiva;

En primer lugar, debemos aclarar que la decisión de la matriculación le corresponde a los dos progenitores, titulares ambos de la patria potestad (cuestión separada de la guarda y custodia, que hacer referencia a la persona que convive con los menores). Solo existen situaciones especiales en los que uno o ambos progenitores se pueden ver privados de la patria potestad de sus hijos, por lo que no podrán tomar la decisión ateniente al centro escolar, entre otras son las siguientes;

Dispone el Código civil en su art. 154:

“… La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental.

Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:

  • 1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
  • 2.º Representarlos y administrar sus bienes.”

Cuando no cumplan con lo anterior, dice el art. 170 CC que: “El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial”.

 Entonces, en el supuesto mayoritario de que la decisión la deban tomar ambos progenitores y no estén de acuerdo ¿cómo se debe realizar?

Se debe iniciar en el juzgado un procedimiento de patria potestad; mediante demanda alegando las circunstancias y acompañando la prueba que sustente la petición, se citará a las partes a una vista y tras la misma se dictará por el juez una resolución otorgando la facultad de elección del centro educativo a unos de los progenitores.

¿Cuál es la línea marcada por la jurisprudencia?

Los criterios más importantes a la hora de decidir el colegio son los siguientes:

  • Cercanía al domicilio del menor.
  • Currículo académico.
  • Servicios como transporte o comedor.
  • Coste.
  • Carácter religioso o laico, en función de la educación impartida en casa y preferencias de los progenitores.

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Estado de Alarma y Nulidad de las Sanciones: los detalles importan y mucho

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Mucho se ha escrito y comentado sobre la posible inconstitucionalidad del Real Decreto 463/2020 en cuanto adoptó medidas muy restrictivas, respecto de las cuales se cuestiona que sea idóneo y posible adoptarlas al amparo de Estado de Alarma. Esto se planteó ante todo y sobre todo como vía de librar las sanciones que puedan producirse por incumplimiento de las medidas.

Siendo una cuestión interesante, lo cierto es que ha eclipsado aspectos del régimen sancionador, menos polémicas y de mayor utilidad práctica. Nuestros Abogados de Derecho Administrativo en Oviedo les comentan a continuación.

El régimen sancionador

Una de las cuestiones, en las que hemos de reparar, es la falta de un régimen propio de infracciones y sanciones. No quiere que no se contemple. Haberlo, como las meigas, haylo.

Otra cosa es que exista por remisión. En efecto, el artículo 20 del Real Decreto 464/2020 (y en términos similares el 15 del Real Decreto 926/2020) indica por remisión a la Ley Orgánica del Estado de Alarma que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes. Este reenvío, a su vez, refiere a las siguientes leyes:

  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (coloquialmente llamada “Ley Mordaza”);
  • Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública
  • Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
  • LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Con mucho, los expedientes sancionadores por incumplimientos durante el estado de alarma, se están abriendo en base a presunta infracción de desobediencia del artículo 36.6 de la Ley 4/2015, 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sanciona con multa la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sea constitutiva de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

El diablo está en los detalles

Empezamos a verlo estos días, con las primeras Sentencias de Juzgados de lo Contencioso, que se publican estos días. Uno de los principios jurídicos más relevantes está en el artículo 25 de la Constitución, según el cual “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. Es el principio de tipicidad, que se infringe cuando a unos hechos se les aplica una sanción en base a una norma inaplicable por tiempo o disparidad en la descripción.

En el caso de las infracciones por incumplir el Estado de Alarma estamos en la segunda tesitura. Así es, dado que el delito de desobediencia exige, el desacato a un requerimiento directo de la autoridad con todas las formalidades. Un Real Decreto no tiene ese carácter de requerimiento directo o expreso, por lo que en consecuencia su contravención no incurre en desobediencia.

Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en todas estas cuestiones. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

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Gastos extraordinarios de los hijos menores tras la separación o divorcio ¿cómo se abonan?

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En muchas ocasiones, los progenitores dudan sobre qué gastos se cubren con cargo a la pensión de alimentos (aquellos fijos y periódicos que albergan alimento, vestido y habitación), frente a otros no previsibles que son conocidos como extraordinarios.

Nuestros abogados expertos en derecho de familia con despacho en Oviedo responden a estas cuestiones, nos son pocos los clientes a los que se les presenta esta disyuntiva;

En primer lugar, los juzgados y tribunales han ido modulando los gastos que se consideran ordinarios y extraordinarios. Se excluyen del concepto de gastos extraordinarios los relativos a libros, material escolar, uniformes y matrículas, al formar parte de los ordinarios cubiertos por los alimentos establecidos; el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de octubre de 2014 dispuso: "Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual y, por tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto)". En consecuencia, deberán excluirse de los gastos extraordinarios.

Entonces ¿qué son y cómo se abonan los gastos extraordinarios?

Los gastos extraordinarios son numerus apertus, es decir, no se puede determinar con antelación y son de índole variada. Podemos fijar, como ejemplo clásico, la necesidad de unas gafas o de una ortodoncia.

Si el progenitor se niega a abonar estos gastos al 50 %, en nuestro Despacho comenzamos por enviar un burofax para buscar un pago extrajudicial. En su defecto tendremos abierta la vía de los tribunales por plazo de cinco años desde que se genera el gasto, una vez transcurrido, no se podrá reclamar.

Como resolvió nuestra Audiencia Provincial; se establece la necesidad de acuerdo entre los progenitores respecto a la determinación de los gastos extraordinarios, debiendo acudirse a resolución judicial cuando no se consiguiera tal consenso (Audiencia Provincial de Asturias Num. Res. 306/2017 - Num. Rec. 392/2017 - 15-12-2017).

Y ¿qué ocurre con las clases extraescolares?

Habrá que distinguir sin son de refuerzo, si son consensuadas por ambos progenitores o si solo uno de los progenitores desea que la realice.

En los dos primeros supuestos las abonarán ambos progenitores al 50 % al ser necesarias o al haber mostrado ambos su consentimiento; en el último caso correrá con su abono el que desee apuntar a su hijo a dicha actividad.

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¿Cómo es y cómo nos afecta el decreto de igualdad retributiva?

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El pasado 14 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. A pesar de la amplia difusión, que se le ha dado, no es una norma que se dedique propiamente a innovar; más bien, complementa y desarrolla lo que ya prevé el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta normativa es de obligatoria implantación en todas las empresas, las cuales tendrán de plazo para adaptarse a hasta el próximo 13 de abril de 2021. Nuestro equipo de abogados laboralistas en oviedo explica sus claves a continuación:

  1. – Principio de Transparencia Retributiva

La regulación descansa sobre el llamado “principio de transparencia retributiva”, derivado del principio de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres. En virtud de este principio, convenios colectivos y empresas deberán tratar todos los aspectos y elementos salariales, de forma tal que se permita obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a dicha retribución.

Su objetivo detectar las causas de las diferencias de retribución y eliminar las desviaciones salariales, que por no obedecer a circunstancias objetivas, sólo puedan explicarse por venir derivadas de casos de discriminación directa o indirecta.

  1. – Instrumentos de aplicación del Principio de Transparencia Retributiva

El principio de transparencia retributiva se aplicará a través de:

  • registros retributivos: es consecuencia principal del decreto, según el cual toda empresa viene obligada a tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluyendo personal directivo y altos cargos.
  • auditoría retributiva: Su implementación es obligatoria para las empresas, que deban tener un Plan de Igualdad (aquéllas de más de 50 trabajadores) y una opción voluntaria para el resto.

Esta auditoría retributiva implica realizar un diagnóstico de la situación retributiva, evaluar los puestos de trabajo y formular planes de actuación para corregir desigualdades retributivas (especificando actuaciones concretas, calendario de aplicación, responsables de su implantación, etc.).

  • el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo: como salvaguarda de la igualdad, se obliga a que la definición de los grupos profesionales se ajuste a criterios y sistemas que velen por la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor.

Se establece específicamente que las mesas negociadoras de los convenios colectivos asegurará que los factores y condiciones de cada uno de los grupos y niveles profesionales respetan los criterios de adecuación, totalidad y objetividad, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor. Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas deberán justificar, en su caso, por qué la media de las retribuciones de un sexo es superior, al menos, en un veinticinco por ciento al otro.

En fin, debemos destacar, que deberá dictarse una orden ministerial que determine los procedimientos de valoración pertinentes.

  • el derecho de información de las personas trabajadoras: que tiene distinto alcance, según existan o no representantes de los trabajadores:
    • en caso de que no exista representación legal, los trabajadores tienen derecho a solicitar y recibir la información relativa a diferencias porcentuales promediadas entre hombres y mujeres;
    • cuando la empresa cuente con representación legal de los trabajadores, éstos tendrán derecho a conocer el contenido íntegro del registro.
  1. – Tutela judicial y administrativa de la igualdad retributiva

Por último, se establece que la información retributiva o su ausencia podrá servir para llevar a cabo acciones administrativas y judiciales, tanto individuales como colectivas. Es decir, que los trabajadores podrán reclamar las diferencias salariales, que existan respecto de trabajos de igual valor, siempre que las mismas no traigan causas de razones objetivas, cuya aportación corresponde a la empresa.

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