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Coronavirus: Actualización de medidas Laborales y de Seguridad Social

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Coronavirus: Actualización de medidas Laborales y de Seguridad Social

A 18 de marzo de 2020, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En relación al ámbito laboral y de seguridad social, podemos resumir su contenido más relevante de la manera que sigue:

  1. Medidas de ordenación de la actividad

1.1. – Para garantizar que la actividad empresarial y laboral se reanuden con normalidad tras la situación alarma sanitaria, se dispone que se establecerá sistemas alternativos de organización que permitan mantener la actividad (particularmente el teletrabajo), debiendo la empresa adoptar las medidas técnica y razonablemente posibles y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Con el objetivo de facilitar el ejercicio del trabajo a distancia en sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera previsto, la evaluación de riesgos obligatoria se entenderá cumplida, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por el trabajador.

1.2. Los trabajadores tendrán derecho a reducción de jornada por cuidado del cónyuge o familiares hasta el segundo grado (hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos). El permiso es una prerrogativa del trabajador que podrá ejercitar cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones de alarma sanitaria. El permiso deberá preavisarse con 24 horas de antelación y ser justificado, razonable y proporcionado, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado, debidamente acreditadas, y las de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

 

  1. Prestación extraordinaria para autónomos por cese de actividad

2.1. – Con carácter excepcional y vigencia de un mes, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 (14 de marzo), declarando el estado de alarma; prorrogable hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma; los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud del estado de alarma, o cuya facturación en el mes anterior al de la prestación se vea reducida, al menos, un 75 % en relación al promedio del semestre anterior tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

La cuantía es del 70 % de la base reguladora, si acreditase el período de carencia necesario; o del 70 % de la mínima, en otro caso. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

2.2. - La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

 

  1. – Medidas extraordinarias en materia de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES).

3.1. – Se considerarán debidos a fuerza mayor y tramitarán por éste procedimiento, los ERTES cuyo origen esté en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales, restricciones en el transporte público y, la movilidad; falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. Cualquiera de estas circunstancias debe quedar debidamente acreditada.

El procedimiento se mantiene igual en términos generales, aunque se añaden nuevas exigencias (la solicitud se debe acompañar de informe, del que debe haberse dado copia a los trabajadores) y la posibilidad de la autoridad laboral de recabar informe de laITSS.

3.2. En cuanto a los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, se disminuyen los plazos (la comisión negociadora, caso de no haber representantes de los trabajadores, deberá estar en plazo de 5 días; el período de consultas es de 7 días) y se establece como preceptivo el informe de ITSS.

 

  1. Efectos en materia de Seguridad Social de los ERTES

4.1. - Para las empresas, en los casos de ERTE por fuerza mayor y a instancia del empresario se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, cuando a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si tuviera 50 o más trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

La exoneración no tendrá efectos respecto de los trabajadores, el período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

4.2. – Los trabajadores afectados por un ERTE, cualquiera que sea la causa que lo fundamente, tendrán reconocido el derecho a la prestación por desempleo (el paro), aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo, sin que su cobro consuma los períodos máximos de percepción establecidos.

Ello también se aplica a personas trabajadoras afectadas, si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o si carecieran del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente. En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con especialidades respecto a la cuantía y duración.

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Coronavirus: ERTE

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«Si el cielo cae, uno debe aspirar a coger alondras ». (François Rabelais)
«Siempre que llueve, escampa»

En el ámbito laboral, es una de las palabras que más se están pronunciando a consecuencia de la situación causada por el Coronavirus: ERTE, que es la sigla de “expedientes regulación temporal de empleo”. El ERTE podemos definirlo como el procedimiento de carácter administrativo – laboral, tramitado bajo vigilancia de la autoridad laboral competente, en virtud del cual se pretende suspender o reducir la jornada por razón de concurrir causas económicas, técnicas o de la producción o bien por haberse verificado la existencia de fuerza mayor.

Coronavirus: Abogado

Es  una materia que a todas luces será afectada, en el próximo Consejo de Ministros, que a todas  luces establecerá ciertas especialidades normativas en vistas a la excepcionalidad de la situación. No obstante, podemos arrojar algo de luz diciendo una serie de generalidades.

¿Qué tramitación tiene un ERTE?

Varía en función de que su fundamento se deba si se debe a causas ETOP (económicas, técnicas organizativas o de la producción); o si trae causa de fuerza mayor. En el primer caso, se deberá notificar a autoridad legal y los trabajadores la apertura de un período de consultas (que puede sustituirse por mediación o arbitraje), finalizado el cual se adopta la decisión empresarial. En el caso de fuerza mayor, la empresa presentará solicitud a la autoridad laboral para que en el plazo de 5 días constate, si concurre o no la causa; si hay constatación la decisión se comunicará a trabajadores y a la autoridad competente. Por lo general, se viene entendiendo que los centros de trabajo directamente afectados por las medidas suspensivas acordadas por las autoridades sanitarias, pueden alegar causa de fuerza mayor. Aunque es probable que se extienda a todos los casos.

Efectos de un ERTE

Según el caso, dará lugar a la reducción de la jornada (entre un 10 y un 70 %) o a la suspensión de la relación laboral (caso, que ahora mismo será el más numeroso).


Si se suspende la relación laboral, las partes quedaran exentas de cumplir lo que les incumbe en virtud de ella, mientras dure la medida. En otras palabras, el trabajador no tendrá que trabajar; el empleador no tendrá que pagar salario. No obstante, los trabajadores se considerarán en situación de desempleo y cobrarán la prestación correspondiente (caben ciertas variaciones si bien es un aspecto, que probablemente se reforme por lo excepcional de la situación y en el sentido de no exigir carencia para acceder a la prestación y en no tener por consumida la prestación percibida).


Lo anterior no exime a las partes, trabajador y empresario, de sus obligaciones con la Seguridad Social. Así es, ni uno ni otro quedan liberados de cumplir para con la Seguridad Social, debiendo el empresario hacer frente a la cuota patronal y deduciéndose la cuota laboral, de la cuantía de la prestación, que reciba el trabajador.


En Luis Pérez y asociados nuestro equipo de abogados especializados, responderá a sus consultas, comentándolas y explicando la opinión jurídica que la fundamenta.

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Coronavirus: Régimen temporal prestaciones por Incapacidad Temporal (baja)

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Dado el impacto económico, que está teniendo la pandemia del Coronavirus (COVID 19), hemos de recordar, que el 11 de marzo, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, que entró en vigor el día 12 de marzo del 2020. Pasamos a transcribir la norma:

Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

  1. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
  2. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
  3. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»

Se modifica, pues el criterio de la Seguridad Social que venía considerando que los trabajadores, que se encontraran en situación de aislamiento preventivo por el virus, se hallaban en situación de baja por enfermedad común, si cumplían los demás requisitos y siempre conforme al régimen de la Seguridad Social que les fuere de aplicación.

Implicaciones de la medida

Con la regulación excepcional se produce la extensión de la protección por Incapacidad Temporal a quienes sufran aislamiento. Téngase en cuenta que en el criterio anterior, sólo tenían tal protección, el trabajador en aislamiento que cumpliera los requisitos de imposibilidad de trabajar y de recepción de asistencia sanitaria.

La contingencia determinante será la de accidente de trabajo (AT).

Lo que implica, por una parte, que no sea necesaria cotización previa. Por otra, que  el empresario deberá abonar el salario íntegro del día de la baja; y que el trabajador percibirá la prestación desde el día siguiente al de la baja, prestación que será del 75% de la base reguladora.

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Comunicado interrupción temporal consultas presenciales

Estimados clientes debido a la situación acaecida con el coronavirus (COVID 19), este despacho profesional, siguiendo las indicaciones de la autoridad competente, restringirá sus consultas presenciales en nuestras sedes de Oviedo, Gijón y Madrid, durante los próximos 15 días (desde del día 16 de marzo hasta 30 del mismo mes ambos inclusive), atendiendo a sus clientes por medios telemáticos y telefónicos en el mismo horario de oficina de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16.00 a 19.00 y los viernes de 9 a 14.

Gracias por su comprensión y disculpen las molestias. Un cordial saludo

El certificado de deudas en propiedad horizontal

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Cuando se vende un inmueble en régimen de propiedad horizontal, es obligatorio aportar un certificado de deudas con la comunidad de propietarios, como acreditación fehaciente de que efectivamente se está al corriente de los pagos que se deban hacer a dicha comunidad así como en que se especifique las deudas que el transmitente del inmueble posee con la comunidad.

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal estipula que en el instrumento público mediante el que se transmita la vivienda o local, es decir, cuando se esté ante notario para elevar la compraventa a público, el transmitente deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude y aportar en este momento certificación coincidente con su declaración.

El certificado lo tiene que expedir el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente en un plazo de 7 días naturales, respondiendo asimismo en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión. No es suficiente con la mera declaración del transmitente. Sin el certificado anteriormente citado, no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que el transmitente fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. Es decir, que si existen una serie de deudas por parte del vendedor para con la comunidad, se han de dejar reflejadas en el certificado salvo que el comprador diga las asuma o que renuncie expresamente a que se aporte el certificado.

Cuando se desarrolla la compraventa y efectivamente hay cuantías adeudadas con la comunidad por parte del anterior propietario, es el inmueble quien responde de las deudas no pagadas, aludiendo los impagos producidos en el año en curso y las tres anteriores, independientemente de que se inscriba o no en el Registro de la Propiedad.

¿Esto significa que adquirente se deberá hacer cargo de las deudas de la comunidad?

Aunque la deuda del vendedor quede ligada al piso, eso no significa necesariamente que el comprador tenga que pagar unas deudas de las que no debería hacerse cargo. Deudor es quien sea propietario al tiempo en el que se produzca la deuda no satisfecha, por lo que si se transmite un piso con cuantías impagadas a la comunidad de propietarios, evidentemente el comprador, para evitar verse involucrado en un posible embargo y ejecución de su inmueble, se ve sujeto a esa obligación y le conviene pagar, pero todo lo que haya abonado por la satisfacción de la misma podrá repetirlo contra el vendedor, salvo que expresamente haya asumido sus deudas.

Lo mejor y más acertado, es consultar todo este tipo de problemática en un despacho de abogados especializados en la materia, pues si bien es cierto que el certificado de deudas ha de estar en la escritura, nada se manifiesta acerca de las derramas acordadas previa compraventa por la comunidad de propietarios y que efectivamente se encuentren impagadas, así como otras materias que pueden complicar de manera sustancial la relación entre comunero y comunidad de propietarios.

Si es su caso, no dude en utilizar nuestros medios de contacto:

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