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5 cuestiones clave sobre incapacidades

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Cuando nuestros clientes nos trasladan su imposibilidad de continuar trabajando debido a problemas de incapacidades a nuestro Despacho de Abogados en Oviedo, especialistas en prestaciones de la seguridad social, comienzan planteando el siguiente análisis:

1.- ¿Qué es una incapacidad permanente?

La incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, es la situación en la que se puede declarar al trabajador, quien poseyendo unos requisitos de cotización y encontrándose en situación de alta o asimilada en la Seguridad Social, presenta unas patologías crónicas que resulten incompatibles con su profesión habitual o con cualquier trabajo.

Existe otra modalidad no contributiva, puramente asistencial que daría lugar a una discapacidad (llamada también hasta hace unos años minusvalía). La distinción más importante entre ambas situaciones es que la primera va interrelacionada con el trabajo y la segunda solamente tiene en cuanta las dolencias.

2.- ¿Qué requisitos se deben cumplir para que sea viable su solicitud?

Para valorar la solicitud de una incapacidad permanente se debe ponderar el cumplimiento de una serie de requisitos:

                REQUISITOS FORMALES;

- Años de cotización, calculados en función de la edad del solicitante.

-Encontrarse en situación de alta o asimilada (en activo, en incapacidad temporal o como demandante de empleo).

Esto lo podemos averiguar a través del informe de vida laboral y el de bases de cotización.

                REQUISITOS SUSTANTIVOS;

Padecer dolencias (deben estar acreditadas, principalmente en informes de sanidad pública, que pueden ser complementados con los de peritos médicos particulares), si concatena bajas laborales, ha sufrido un accidente de trabajo o enfermedad laboral, y/o en general, se encuentra en una situación de incompatibilidad de desarrollo de su actividad laboral.

3.- ¿Qué es la base reguladora?

Podemos definir a la base reguladora como la cantidad, resultado de la realización de unas operaciones aritméticas en base a las características del interesado, que recibirá el declarado en situación de incapacidad permanente en concepto de prestación fija o mensual.

En primer lugar, es muy importante conocer las bases de cotización del solicitante, que estarán disponibles vía telemática previa solicitud en la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social. Las reglas de cómputo varían en función de diversos factores.

4.- Y si es concedida ¿Qué prestación se percibirá?

El porcentaje a aplicar dependerá del grado de incapacidad permanente en el que se le declare:

  • Gran invalidez. Implica que la persona en esta situación no puede realizar por sí tareas tan elementales como el vestido o aseo personal, es decir va a percibir por abonos mensuales el 150% de su base reguladora.
  • Impide al beneficiario la realización de profesión alguna, por lo tanto, percibirá el 100 % de su base reguladora.
  • Implica que el trabajador no puede realizar su profesión habitual, pero si otras, conlleva una prestación mensual de 55 % de la base reguladora en caso de que el beneficiario tenga menos de 55 años y a partir de esa edad se puede elevar al 75 %.
  • Consiste en una prestación de pago único o indemnización de hasta 24 mensualidades.

5.- ¿Cuándo se puede revisar?

Una incapacidad permanente puede revisarse a instancia del beneficiario y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS en lo sucesivo); pero ambas partes están sujetas a un plazo de tiempo en el que no se podrá revisar, este término es particular de cada caso. Lo conoceremos una vez sea concedida la incapacidad, mediante una notificación escrita donde se establecerá el periodo de tiempo.

Sentado lo anterior, en el periodo que fije el INSS no se podrá revisar ni por mejoría ni por agravamiento por ninguna de las partes. Así pues, se podrá revisar si:

  • Existencia de dolencias distintas a las que causaron la incapacidad.
  • Nuevas patologías.
  • Mejoría
  • Siempre que no se haya alcanzado la edad de jubilación.

De todas formas, cada supuesto tiene sus particularidades y debe ser analizado individual y pormenorizadamente. Nuestro equipo de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en estos procesos de reclamación. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

Teléfono: 985 216 689
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Me quiero casar con un extranjero y no se que papeles necesito

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La particularidad en el caso de los matrimonios mixtos, es decir, entre un español y un extranjero, radica en la necesidad de tramitar un expediente previo, obligatorio de efectuar antes de la celebración de la boda.

Dicho trámite se realiza en el Registro Civil del partido judicial de residencia de cualquiera de los contrayentes y tiene como objeto determinar si ambos novios tienen capacidad para celebrar el matrimonio, así como comprobar si el consentimiento matrimonial carece de vicio alguno.

Cada Registro Civil, tiene su individual manera de efectuarlo, no requiriéndose en todos ellos la misma documentación, debiendo de estar siempre a lo que se solicite en la localidad en que se vaya a ejecutar el trámite.

En todo caso, e independientemente de la localidad en que se vaya a formalizar el enlace, el cónyuge extranjero va a necesitar:

  1. Certificado literal de nacimiento, debidamente legalizado y traducido.
  2. Certificado de soltería o, si estuviera divorciado, certificado de matrimonio con anotación del divorcio o testimonio de la sentencia de divorcio, legalizado y traducido.
  3. Certificado emitido por el Consulado del país de origen del ciudadano extranjero en España sobre la necesidad de publicación de edictos.
  4. Certificado de inscripción consular emitido por el Consulado del país de origen del ciudadano extranjero en España.
  5. Pasaporte o NIE en vigor.
  6. Certificado de empadronamiento del contrayente extranjero.

Y por su parte, el conyuge español habrá de aportar, necesariamente:

  1. Certificado literal de nacimiento.
  2. Certificado de empadronamiento de los dos últimos años.
  3. DNI o Pasaporte de ciudadano español.
  4. Fe de vida y estado del ciudadano español.
  5. En caso de estar divorciado, Sentencia de Divorcio testimoniada o Certificado de Matrimonio con anotación marginal de divorcio.

La consecución de los documentos, evidentemente no garantiza el éxito de la tramitación del expediente; no es válido cualquier tipo de documento, si no que han de estar todos debidamente traducidos y legalizados por la entidad competente del país de origen. Sin la apostilla de la Haya o la legalización pertinente, carecerán de la validez requerida para tramitar el mismo, ralentizando e incluso invalidando la gestión.

Si precisa de asesoramiento, no dude en contactar con nuestro Despacho de abogados en Oviedo:

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Hijos menores de edad y vacuna covid-19 ¿Qué progenitor decide en los supuestos de separación o divorcio?

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Nuestro Despacho de Abogados en Oviedo, atiende estas consultas a raíz de las cuales los letrados de derecho de familia, puesto que una de las cuestiones de mayor actualidad, que pasa si ante la inminente vacunación por covid-19 a los menores, los progenitores no están de acuerdo en su administración.

Debemos comenzar haciendo especial mención a que la decisión corresponde a los dos progenitores, titulares ambos de la patria potestad (cuestión separada de la guarda y custodia, que hacer referencia a la persona que convive con los menores).

Así pues, dispone el Código civil en su art. 154:

“… La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental.

Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:

1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

2.º Representarlos y administrar sus bienes.”

Cuando no cumplan con lo anterior, dice el art. 170 CC que: “El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial”.

Excepcionalmente, existen situaciones especiales en los que uno o ambos progenitores se pueden ver privados de la patria potestad de sus hijos, por lo que no podrán tomar la decisión.

Sentado lo anterior, en el supuesto mayoritario de que la decisión la deban tomar ambos progenitores y no estén de acuerdo ¿cómo se debe realizar?

Se debe iniciar en el juzgado un procedimiento de jurisdicción voluntaria relativo al ejercicio de la patria potestad; mediante demanda alegando las circunstancias y acompañando la prueba que sustente la petición, se citará a las partes a una vista y tras la misma se dictará por el juez una resolución otorgando la facultad de elección del centro educativo a unos de los progenitores.

¿Qué se va a ponderar a este respecto?

Los criterios más importantes son los siguientes:

  • Beneficio para el menor.
  • Posición adoptada respecto a otras vacunas que se hayan ido presentado a lo largo de la vida de los menores.
  • La propia opción de los progenitores cuando a ellos les correspondió vacunarse.
  • Opinión del propio menor, con carácter general, cuando tenga más de doce años.

De todas formas, cada supuesto tiene sus particularidades y debe ser analizado individual y pormenorizadamente. No dude en contactar con nuestro Despacho con sede en Oviedo, a través del teléfono 985 216 689 y en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., donde nuestros abogados de derecho de familia estudiaran su asunto y le señalarán la vía más adecuada para su caso.

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Los vicios ocultos y las acciones edilicias

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Los vicios ocultos, a tenor del artículo 1484 del CC, se definen como “defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella”.

Así pues, existe un vicio oculto cuando el inmueble que se compra, no se encuentra en las condiciones pactadas, si no que existen una serie de defectos de cierta gravedad que impiden la utilización o aprovechamiento íntegro del bien adquirido, de forma que el comprador, de haber sabido que existían las reseñadas deficiencias, no habría adquirido el bien, o por lo menos, no a ese precio.

Los requisitos para que exista un vicio de esta entidad son:

-       Sea oculto El art. 1484 CC señala que el vendedor no tendrá responsabilidad cuando el comprador debiera haberse percatado del desperfecto por su pericia

-        Grave: importancia suficiente como para que si el comprador de la vivienda lo hubiera sabido no habría comprado el inmueble o hubiera pagado un precio menor por él.

-        Preexistente a la compraventa: el vicio debe ser anterior a la adquisición del inmueble, aunque se manifieste con posterioridad. El vendedor no tiene obligación de responder de los efectos sobrevenidos.

Para paliar este tipo de problemática, que es muy común y afecta siempre negativamente al comprador, existen una serie de acciones recogidas en los artículos 1484 y siguientes del Código Civil, las obligaciones de saneamiento:

  • La acción redhibitoria: consiste en un desistimiento del contrato, “abonándosele los gastos que pagó. En este caso, si, además, el vendedor conocía la existencia de los vicios ocultos, a la persona que adquirió el bien “se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.”
  • La acción 'quanti minoris' permite “rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos”. De esta forma, el comprador podrá modificar el contenido del contrato, en relación con el precio abonado, como consecuencia de la pérdida de un cierto valor del bien adquirido.

Desde Luis Pérez & Asociados Abogados le asesoraremos en esta tipología de procedimientos, para asegurar la defensa de sus intereses. Nuestro equipo de Abogados en Oviedo le asesorará y guiará en estos procesos. Nuestro horario habitual es de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 y el viernes de 9 a 14, pudiendo consultar por medios telemáticos (aconsejable en el actual estado de cosas) o pedir cita previa para ser atendido en presencia.

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No me pagan la baja, ¿Qué puedo hacer?

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En ocasiones, trabajadores y trabajadoras, que están de baja por enfermedad, se ven sometidos a presiones para pedir el alta antes de acabar su convalecencia y recuperación.

Una de estas formas de presión es reteniendo la prestación por tal contingencia. Cuando así sucede, surgen varias preguntas: ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Es ello legal? ¿Cómo puede reaccionar un trabajador o trabajadora en estas situaciones?

Nuestros Abogados Laboralistas y de Seguridad Social de Oviedo responden estas dudas a continuación.

¿Por qué se actúa así? El pago delegado de las prestaciones

En materia de prestaciones por baja laboral, las empresas tienen obligación de colaborar con la Seguridad Social. Ello se articula mediante la figura del pago delegado, cuyo fundamento legal está en la Orden de 25 de noviembre de 1966 por la que se regula la colaboración de las Empresas en la gestión del Régimen General de la Seguridad Social. El pago delegado supone que la Empresa adelante, por cuenta de la Seguridad Social o la Mutua, la prestación legal que corresponde a sus trabajadores.

Este sistema es el que permite retener las cantidades del trabajador, como forma nada escrupulosa de presionar al trabajador.

¿Ello es ilegal?

Sí. De hecho el incumplimiento de esta obligación es una infracción grave en materia de Seguridad conforme al art. 22 ap. 4 de la LISOS, por lo que correspondería una multa de entre 626 y 6.250 euros (apdo. 1 b), art. 40, LISOS).

¿Cómo reaccionar en estas situaciones?

Ante esta tesitura, lo que debe hacerse ne primer lugar es denunciar a la Inspección de Trabajo. Por lo general, ello suele valer para que la empresa haga el pago. Si ello no hubiera servido, para el pago el trabajador o trabajadora, a mayores, tiene tres remedios:

  1. Para casos más graves, cabe la extinción de la relación laboral del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, en la que además, el trabajador o trabajadora tiene derecho a percibir la misma indemnización que en los casos de despido improcedente (45 días/año o 33 días/año, según antigüedad). Este procedimiento no sería obstáculo a reclamar las cantidades adeudadas.
  1. Reclamar la cantidad, solicitando un acto de conciliación ante la UMAC, como primer paso y si no hubiere avenencia presentando la oportuna demanda ante los Juzgados de lo Social.
  1. Solicitar el pago directo a la Seguridad Social o a la Mutua. En este caso, se presenta el formulario correspondiente a la Seguridad Social o a la Mutua, según corrresponda, acompañando una Denuncia a Inspección o una papeleta de conciliación en que conste el impago, la última nómina completa anterior a la baja y un informe de vida laboral. Esta vía permite obtener la prestación legal (60% o 75% de la base reguladora), teniendo que reclamarse judicialmente las mejoras voluntarias, que puedan existir.

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