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El deudor no salda la deuda y es insolvente ¿Qué puedo hacer para recuperar mi dinero?

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En no pocas ocasiones el cobro de las deudas, incluso las ejecutadas en sede judicial, se complica debido a la insolvencia del obligado al pago, quedando la deuda sin cobrar sine die.

Ante esta cuestión, en nuestro Despacho con sede en Gijón, los letrados encargados de los procesos de reclamaciones de cantidad, obligaciones y contratos y derecho sucesorio, han revisado otras opciones previstas en la legislación vigente con el objetivo de recuperar las deudas de nuestros clientes, cuando no es posible embargar el patrimonio del deudor.

Así pues, ¿Qué pasa si el deudor renuncia la una herencia perjudicando a acreedores?

Pues que existe un mecanismo en el Código Civil en su art. 1001, donde se regula la posibilidad de que un acreedor acepte la herencia repudiada por el heredero hasta la cantidad que permita cubrir la deuda.

Para que se pueda proceder es necesario;

  • La existencia de una deuda que indiscutida.
  • Que dicha deuda exista antes de que el deudor repudie la herencia.
  • Que no pueda ser cobrada de otro modo. Pensemos en el supuesto de una ejecución de sentencia donde se ha procedido a recabar información de patrimonio del deudor y se ha constatado que no existen bienes embargables.
  • Solicitar autorización judicial para aceptar la herencia en lugar del que la repudia.
  • Solo podrá hacer suyos los bienes hasta cubrir el importe de la deuda. Es decir, no se coloca exactamente como heredero con los mismos derechos que quien repudió, se limita a su deuda y si excede dicho exceso acrecerá a los demás herederos.

Cumplidos dichos requisitos para el ejercicio de la acción, la aceptación en nombre del deudor debe autorizarse vía judicial por lo que se deberá iniciar el procedimiento oportuno. Si se resuelve de manera favorable, se podrá colocar el acreedor en la posición del deudor/heredero para aceptar la herencia y resarcir su deuda con cargo al haber hereditario que el deudor/heredero hubiera percibido si no hubiese renunciado.

Al constituir un mecanismo subsidiario y del que se requiere autorización judicial, es adecuado que acuda a un abogado, para que le asesore y analice si en su caso es viable el ejercicio de este acción (pues se deberá analizar la deuda reclamada, el patrimonio del deudor y la repudiación de la herencia con su contenido), por ello, si lo desea, no dude en contactar con nosotros.

En Luis Pérez y Asociados. Abogados le asesoraremos en todo lo relativo a esta materia.

Teléfono: 985 216 689
Whatsapp: 662 194 474
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NO ESTOY CONFORME CON LOS ACUERDOS DE MI COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

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En algunas ocasiones, los propietarios de un inmueble en régimen de propiedad horizontal, no están conformes con los acuerdos que la Comunidad de Propietarios han adoptado en Junta. Para poder impugnarlos, se estipulan una serie de requisitos, recogidos tales en el art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

A este respecto, la ley indica que los acuerdos que se pueden impugnar son:

  1. Los que vayan en contra de la ley o de los estatutos de la comunidad.
  2. Los que resulten gravemente lesivos para los intereses propios de la comunidad de propietarios en beneficio de uno o varios propietarios.
  3. Los que supongan un grave perjuicio para algún propietario, que carezca de obligación jurídica de soportarlo.

Aunque, ciertamente, no todos los propietarios pueden impugnar los acuerdos; para poder ejercitar esa acción, deben haber salvado su voto en la Junta, es decir; cuando están en el acto de la junta, hacer notorio el hecho de que no van a comprometer su voto ni a favor ni en contra del acuerdo, reflejándose tal resolución en el acta. De esta forma, se estará legitimado a posteriori para poder impugnar el acuerdo, siempre que el mismo se encuentre dentro de los límites estipulado en el párrafo anterior.

También pueden impugnar los acuerdos, los propietarios ausentes por cualquier causa; para ello, es NECESARIO que se manifiesten en el periodo comprendido en los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de los acuerdos, comunicando al secretario o al presidente de la comunidad, su voto en contra de los acuerdos adoptados. Si manifiestan su voto a favor, o no dicen nada, su voto se toma de acuerdo a la mayoría adoptada en junta.

Los que hubieren sido indebidamente privados de su derecho al voto y los que hubieren votado en contra, también estarían legitimados a impugnar los acuerdos. A este respecto, es relevante decir, que los propietarios que se abstengan de votar, NO podrán impugnar el acuerdo dañoso, pues es necesario que se salve el voto para ello.

Es obligatorio, además de encontrarse en uno de los supuestos anteriormente reseñados, que el propietario impugnante esté al corriente de todas las cuotas comunitarias (o las haya depositado a disposición de la comunidad en el Juzgado). En este supuesto cabria excepcionar lo reseñado en el art. 9 LPH, en atención al establecimiento o modificación de coeficientes de participación entre los propietarios

Los plazos de impugnación, siendo plazos de caducidad, serían:

  • De un año para para los acuerdos que vulneren los estatutos comunitarios o la ley.
  • De tres meses para el resto de supuestos.

La impugnación de acuerdos de la junta de propietarios, se lleva a cabo en la vía judicial, a través del procedimiento ordinario. Desde este despacho ofrecemos un asesoramiento íntegro y especializado de toda la temática atinente a las comunidades de propietarios y los problemas que puedan surgir en el régimen de propiedad horizontal.

En Luis Pérez y Asociados. Abogados le asesoraremos en todo lo relativo a esta materia.

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Desescalada y regulación de empleo: algunas claves

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El pasado miércoles 13 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Es la regulación del retorno o, más bien, transición a la “nueva normalidad” en el ámbito laboral. Las líneas clave de la regulación se hallan en dos puntos, a saber: (1) prórroga y terminación paulatina de los Expedientes de Regulación Temporal (ERTE); y (2) salvaguarda del empleo. Veámoslo con más detalle.

(1) Regulación en materia de ERTE

  1. La normativa extiende los plazos, de los ERTE por fuerza mayor del artículo art. 22 del Real Decreto Ley 8/2020, hasta el 30 de junio. En principio, es un plazo improrrogable. Decimos en principio, dado que se prevé la posibilidad de extensión por acuerdo de Consejo de Ministros, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020
  2. Se prevé la posibilidad de instar ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y por circunstancias de la producción (“CETOP”) desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 30 de junio. También se prevé la posibilidad de conversión de los ERTE de fuerza mayor en este tipo de Expediente.

La tramitación, en ambos casos, se ajustará al procedimiento abreviado del Real Decreto Ley 8/2020.

  1. En materia de Seguridad Social se establece un sistema de exoneraciones, que no tendrán efectos para los trabajadores, pudiendo distinguir los siguientes casos:

ERTE por Fuerza Mayor Total: La fuerza mayor es total, si hay persistencia de las causas, que impidan el reinicio de la actividad. En este caso, la prórroga está condicionada a que la imposibilidad objetiva persista y por igual tiempo se mantendrán las exenciones en materia de seguridad social (100 % de la cuota patronal, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores; 75 % en otro caso).

ERTE por Fuerza Mayor Parcial: Si la fuerza mayor es parcial podrán mantener el ERTE, aunque sólo se haya recuperado parte de la actividad. A fin de garantizar la reincorporación, se distinguen dos grupos de casos de exoneraciones:

  1. a) En relación a trabajadores, que reinicien su actividad, en función de la plantilla a 29 de febrero, se distinguen estos supuestos
  • Empresas de menos de 50 trabajadores: la exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial de mayo y el 70% de junio;
  • Si tiene más de 50 trabajadores, la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo y el 45% de la devengada en junio.
  1. b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia:
  • Cuando tenga menos de 50 trabajadores la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020
  • Si son más de 50 trabajadores en situación de alta, la exención alcanzará el 45% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020

ERTE por causas ETOP: Se mantiene la regla general de tener que abonar la cuota patronal, mientras dure la situación, suspendiéndose el abono de salarios. No obstante, se prevé que por Acuerdo del Consejo de Ministros, pueda extendérseles el régimen de exoneraciones antedicho.

(2) Salvaguarda del Empleo

Todas las medidas de regulación temporal de empleo y exoneraciones en materia de Seguridad Social, se sujetas al compromiso de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses, desde la reanudación de la actividad. Por reanudación se entiende la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Como excepción, no se aplicará cuando exista riesgo de Concurso de Acreedores.

Este compromiso se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquier trabajador afectado por dichos expedientes, a excepción de los siguientes casos:

  • Que el despido sea disciplinario y calificado como procedente;
  • Dimisión o abandono del trabajador;
  • Muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajador;
  • Fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, siempre que suponga interrupción
  • Cumplimiento del término de los contratos temporales.

El incumplimiento del compromiso, en principio, conllevará la improcedencia del despido en lo que a la relación laboral se refiere; en relación a la Seguridad Social supondrá la obligación de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones exoneradas, con recargo e intereses de demora correspondientes, previas las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendentes a acreditar el incumplimiento y determinar las cantidades.

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COVID-19 Y MEDIDAS RELATIVAS A LOS HIJOS MENORES

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¿Es posible reajustar las medidas en relación con los hijos?

Muchas han sido las consultas recibidas por nuestros abogados de familia sobre la alteración del régimen de visitas, pensión de alimentos y cargas del matrimonio. Por ello, en nuestro Despacho de Oviedo, a la luz del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (artículos 3 a 5), hemos recogido las cuestiones mas relevantes en la materia:

¿Puedo ver a mi hijo durante el confinamiento?

El Acuerdo de los juzgados de familia en Asturias resolvió que el régimen de visitas no se suspendía durante el estado de alarma, si bien incoaba a los progenitores a buscar soluciones (como, por ejemplo, postponer el calendario para evitar los movimientos de los menores). Ahora, el nuevo Decreto prevé un procedimiento judicial tendente a recuperar el tiempo no disfrutado entre padre-hijo.

¿Qué ocurre en el ámbito económico?

Pensemos por ejemplo en las pensiones de alimentos y cargas del matrimonio y su conjugación con el cese de actividades económicas o ERTE, estas situaciones afectan directamente a la capacidad económica del que presta alimentos, pero también del que los recibe. Por tanto, si puede incoar procedimiento para modificar las pensiones de alimentos y restructura la contribución a las cargas del matrimonio como consecuencia de la modificación sustancial en las condiciones económicas de los progenitores.

¿Cuándo se pueden iniciar estos procedimientos?

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses tras su conclusión.

¿Cómo se tramita?

Mediante un procedimiento urgente, es decir, con prioridad. Se iniciará mediante demanda

¿Ante qué juzgado se tramita?

El criterio general es presentar la demanda ante el tribunal que resolvió sobre la guarda y custodia.

¿Qué se debe aportar?

En cuanto a las medidas de carácter personal (pensemos en el régimen de visitas): sería interesante adjuntar algún medio de prueba tendente a acreditar que dichas visitas no se han celebrado en el periodo para ellas prevista (por ejemplo, correos electrónicos).

En lo que se refiere a las medidas de ámbito económico, podemos usar un certificado de prestaciones, justificante de cese de actividad o de ERTE, documento que acredite desempleo, etc.

¿Cómo se desarrollará?

Se celebrará una vista ante el juzgado con intervención de las partes y práctica de prueba.

¿Se tardará en conocer la resolución?

Según la Norma no, el juez puede dictar resolución in voce (de manera verbal en la propia sala) o por escrito en un plazo máximo de tres días hábiles.

Estas son las pautas generales con respectos novedades en materia de familia que el Decreto citado nos aporta. De todas formas, cada supuesto tiene sus particularidades y debe ser analizado individualmente; siempre es bueno intentar alcanzar una vía amistosa y en su defecto iniciar la vía judicial. No dude en contactar con nuestro Despacho con sede en Oviedo, donde estudiaremos su asunto y le señalaremos la vía más adecuada para su caso.

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