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Campaña Renta 2019

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El pasado miércoles 1 de abril del 2020, marcó el inicio de la campaña para la declaración de la Renta 2019. Explicamos algunas de las claves, más esenciales, a continuación.

¿Cuál es el período de presentación?

El plazo se extiende desde el día 1 de abril hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive.

Sin embargo, si se quisiera domiciliar el pago del impuesto, se tendrá  hasta 25 de junio

¿Cuándo tengo obligación de declarar?

La obligación de declarar es general. Es decir, que por norma, los contribuyentes por el IRPF están obligados a presentar y suscribir declaración por el impuesto en el plazo mencionado. 

Sin embargo, como excepción, los contribuyentes no tienen obligación si se encuentran en los siguientes casos:

  1. – Por la obtención de Rendimientos del Trabajo(incluidas, entre otras, las pensiones, así como las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos) que no superen los siguientes importes:

                   1.1. – 22.000 € brutos anuales si proceden de un único pagador o cuando          habiendo varios, del segundo y restantes pagadores, no  se obtenga más        de 1.500 € brutos anuales. 

                   1.2 – 14.000 € brutos anuales en los siguientes supuestos:

  • Si se tuvo más de un pagadory del segundo y siguientes, en conjunto, se cobró más de 1.500 € brutos anuales
  • Cuando se perciban pensiones compensatorias;
  • Cuando se perciban alimentos, con excepción de los percibidos de los padres en virtud de decisión judicial, que están exentos.
  • Cuando el pagador no esté obligado a retener.
  • Cuando los rendimientos íntegros del trabajo estén sujetos a tipo fijo.
  1. – Rendimientos del capital mobiliario(dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósitos o de valores de renta fija, etc.) y ganancias patrimoniales (ganancias derivadas de reembolsos de participaciones en Fondos de Inversión, premios por la participación en concursos o juegos, etc.), sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 € anuales.
  2. – Rentas inmobiliariasimputadasrendimientos de capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 € anuales.
  3. –  Contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, hasta 1.000 euros €y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 €.

¿Cuáles son los tramos y tipos del IRPF? 

Son los siguientes:

  1. – Para aplicara la base liquidable general:

       1.1. – Tipo de Gravamen Estatal

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       1..2. –  Tipo de Gravamen del Principado de Asturias

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  1. – Para aplicar a la base liquidable del ahorrotanto Estatal, como Autonómica:

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En Luis Pérez y Asociados. Abogados le asesoraremos en todo lo relativo a esta materia.

Teléfono: 985 216 689
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LIBÉRESE DE SUS DEUDAS. VUELVA A EMPEZAR DESDE CERO.

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La gente se ha endeudado porque se les ha bombardeado en los medios de comunicación con la consigna compra, compra, compra. Julio Anguita.

Decálogo de Ley de la Segunda Oportunidad para profanos (en lenguaje sencillo)

¿Cuál es el objetivo de esta ley?: Liberar al deudor de sus deudas y permitirle que vuelva a empezar desde cero sin ninguna carga a sus espaldas.

2 ¿Cómo se consigue liberar al deudor de todas sus deudas y permitirle que vuelva a empezar desde cero sin ninguna carga a sus espaldas? : A través de un trámite sencillo que viene establecido en la Ley de Segunda Oportunidad.

3 ¿En qué consiste dicho trámite sencillo previsto en la Ley de segunda oportunidad? En un primer momento se trata de acudir al notario o al registrador mercantil o a la cámara de comercio, en función de que el deudor sea persona no empresaria o empresaria; en el primer caso irá al notario y en el segundo a l registrador mercantil o a la cámara de comercio.

4 ¿Para qué hay que acudir al notario y al registrador mercantil o a la cámara de comercio? Para a través de ellos y con la intervención de un mediador, tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos negociado con los acreedores.

5 ¿Qué pasa si no se logra ese acuerdo? Es necesario intentarlo para pasar a la siguiente fase ante el juez y así mediante un proceso sencillo, tratar de conseguir el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), que es la finalidad última de esta ley e implica la liberación del deudor de toda la deuda y le permite empezar una nueva vida sin cargas a sus espaldas. 

6 ¿Puede acogerse cualquier persona al beneficio de esta ley y por tanto ser liberada de sus deudas? No, tiene que cumplir unos requisitos determinados, que giran en torno a la «buena fe», es decir que esas personas hayan sido honestas en su actividad, que no se trate de un endeudamiento provocado adrede. Por ejemplo en este momento de crisis del coronavirus, tengo que cerrar y dejar de pagar porque no tengo trabajo; no es una situación buscada por mí, no me queda otro remedio. Otro ejemplo no puedo pagar mis deudas porque a mí tampoco me pagan, etc, etc. Estudiamos cada caso para valorar su viabilidad. Nosotros estudiaríamos su caso y veríamos si cumple esos requisitos antes de iniciar ningún trámite.

7 ¿Perdería todos mis bienes? No, existen bienes que no quedarían afectos a la ley, por ejemplo si se trata de un palista, la máquina paleadora, para realizar su trabajo, si es un tendero, la tienda donde trabaja. De todas formas nosotros estudiaríamos su caso y le diríamos en que situación quedaría el conjunto  sus bienes y en concreto su vivienda.

8 ¿Me liberaría de todas mis deudas, incluidas las de Hacienda y Seguridad social? En un principio sí, no obstante respecto a las obligaciones de pagar alimentos y a los créditos públicos, generalmente de Hacienda y Seguridad Social, habría que concretar con carácter previo la situación de dichos créditos y valorar la estrategia a seguir, con base al estudio de la reciente jurisprudencia en la materia.

9 ¿En qué situación me encontraría al final del proceso?. Se cancelarían mis deudas. Podría empezar de nuevo desde cero, como ya hemos referido y entre otras cuestiones:

-Desaparecería de los llamados ficheros de morosos

-Podría volver a tener tarjetas de crédito

-Podría pedir financiación a los bancos 

10 ¿Si es tan beneficios como me lo pinta, por qué no pide más gente que se le aplique esta ley y así verse liberada de sus deudas?: Porque es poco conocida entre la población en general  y porque no todos los profesionales del derecho sabe tramitarla. En nuestro despacho contamos con abogados expertos en materia concursal y de insolvencias y con peritos economistas, externos que colaboran con nosotros y nos auxilian en las materias que les son propias, con el fin de darle a nuestro cliente la el mejor asesoramiento bajo nuestras premisas de seriedad y eficacia y porque no generamos expectativas falsas cuando no hay posibilidades reales de éxito. Llámenos y nos pondremos a trabajar par a liberarle de sus deudas y que pueda iniciar una nueva vida sin cargas a su espalda. 

También puede consultar este artículo en la entrada de Economist & Jurist.

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EL PERMISO RETRIBUIDO PARA TRABAJADORES

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Permiso retribuido recuperable

Con fecha de 29 de marzo, se publicó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un “permiso retribuido recuperable” para las personas trabajadoras por cuenta ajena, que no presten servicios esenciales. La finalidad de la medida es reducir la movilidad de la población en plena crisis del COVID-19.

Dicho eso, pasamos a exponer algunas claves de esta nueva normativa:

  1. El Real Decreto lo concibe como un “permiso obligatorio retribuido recuperable”; es decir, que todas las personas, que no se encuentren dentro de los servicios esenciales enumerados en el Anexo del Real Decreto, están obligados a disfrutarlo.
  2. En cuanto al periodo de duración, tendrá como plazo desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril de 2020, estando ambos días incluidos.
  3. Durante la vigencia del permiso, las personas trabajadoras serán retribuidas como si de una jornada ordinariade trabajo se tratase, incluyendo el salario base y los complementos ordinarios, pero no los extraordinarios, como por ejemplo el plus de nocturnidad o el de productividad.
  4. El permiso no es como un periodo vacacional. Está retribuido, sí, pero las horas retribuidas y no trabajadas, se han de recuperar. La recuperaciónde las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras o la comisión representativa si no existiera esta última (la comisión representativa de los trabajadores, se ha de constituir en un plazo no superior e improrrogable de cinco días), que tendrá una duración máxima de siete días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar para alcanzar un acuerdo, que requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso extraordinario. Lo que sí parece claro, es que se deja libertad de pacto en cuanto a si la recuperación de horas tendrá lugar en períodos vacacionales o días de asuntos particulares (cuando se llegue a un acuerdo entre empresa y trabajadores, evidentementenunca de forma unilateral).

La recuperación de las horas se hará tal como se estipule en el acuerdo, y si no se llegase al mismo, tal como establezca la empresa, respetando en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal. Además, no podrá suponer el establecimiento de un plazo de preaviso inferior a 5 días, ni la superación de la jornada máxima prevista, respetando a su vez los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.    

De momento el efecto más inmediato, es que las personas, que deben de quedarse en casa, pueden “disfrutar” de este “permiso” sin ver menoscabados (en gran medida) sus intereses económicos, debiendo esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y siempre siendo asesorados por un equipo de profesionales laboralistas para la mejor defensa de sus intereses.

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CORONAVIRUS: Medidas del Real Decreto Ley 9/2020 sobre el Despido

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No, no se puede considerar que prohíba el despido por causa del COVID 19.

En el ardor legislativo, propio ya del estado de alarma, el Sábado 28, se publicó el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Comentemos las medidas.

La medida estrella: la ¿prohibición? del despido

Se contempla en el artículo 2, que dispone: 

“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.”

Es decir, que no se prohíbe el despido (cosa que ocurriría si la norma lo calificara como nulo). Antes bien, se permite, aunque se considera no justificado. Esto supone que el despido amparándose en consecuencias del Coronavirus, sea calificado de improcedente, dando lugar a elección de la empresa a la readmisión o a la indemnización (33 días/año).

Es decir, que la medida desincentiva el despido aumentando su coste.

En el resto de casos (despido disciplinario, finalización de contrato, período de prueba, etc.) la situación se mantiene igual.

ERTES: Obligación de tramitar el desempleo y medidas de represión del fraude

El artículo 3, establece la obligación de las empresas inmersas en un ERTE de solicitar las prestaciones correspondientes a desempleo, en representación de sus empleados. El plazo es de 5 días desde la solicitud, en casos de fuerza mayor; de 5 días, desde la decisión final si fuera fundado en causas ETOP; y, en fin, de 5 días desde la publicación del decreto en todos aquellos ERTES ya iniciados.

El incumplimiento se considerará infracción grave de la LISOS, con sanciones de entre 626 y 6250 euros.

El trabajo encubierto, tras un ERTE, pasa a ser considerado fraude exclusivo de la empresa (la normativa vigente hasta ahora, consideraba un fraude de ambas partes), que además de las consecuencias sancionadoras, quedara obligada a devolver el paro percibido por los trabajadores y diferencias salariales si las hubiere.Además, se establece un estrecho control implicando la colaboración de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con Hacienda y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo esto, también, se extiende a supuestos de falsedad de causa.

¿Quid respecto de los contratos temporales?

El RD Ley dispone en su artículo 5:

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.”

Así pues, esto supone que si hay un ERTE, que conlleve suspensión del contrato, se interrumpe del cómputo de su duración de los contratos temporales y de los periodos de referencia equivalentes. Fuera de este caso, ha de estarse a las normas generales. Así y siempre que la temporalidad sea lícita, las extinciones por transcurso del término, serían correctas conforme al artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (otro tanto de lo mismo, entendemos que puede decirse sobre el desistimiento durante el período de prueba). Sin embargo, la casuística va a ser enorme y se debe verificar si hubo lícita extinción o despido. Por ejemplo, no sería lícita la extinción si hubiere fraude de ley. 

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COVID-19 y Situaciones de Insolvencia: Empresa, Autónomos y Particulares

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SOLUCIONES FRENTE A LA FALTA DE LIQUIDEZ DEBIDO AL CORONAVIRUS

Unos apuntes sobre las ayudas a PYMES y Autónomos.

Que la pandemia del coronavirus conllevará a una situación de crisis grave es una obviedad que a nadie se le escapa, y así en el caso de no haberse parapetado en momentos anteriores, la situación que se avecina no resulta nada halagüeña para particulares, autónomos y empresas. Así las cosas, el Gobierno de España y la Unión Europea han articulado una serie de mecanismos para obtener financiación por parte de los afectados, que les permitan obtener liquidez y continuar con sus actividades económicas. En este punto es sumamente importante realizar un estudio de viabilidad económica de la compañía con el fin de adaptar el mecanismo concreto a su situación y evitar dar “palos de ciego” y mitigar al máximo el impacto negativo que esta situación aciaga puede causar al particular, autónomo o a la empresa.

Así, pasamos a esbozar unas pinceladas sobre el contenido de dichas medidas de carácter proactivo, cuya finalidad radica en la obtención de financiación pública o privada con la que evitar la posible insolvencia. Dichos recursos podrán ser implementados por particulares, autónomos y empresas, que se encuentren en una situación de tensión económica y de tesorería debido a la crisis del coronavirus.

El BOE de 26 de marzo de 2020, publicó la Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que en aplicación del artículo 29 del RD – Ley 8/2020, libera recursos para avales estatales. Es el primer tramo, de avales, cuyo importe máximo de 20.000 millones de euros. Unas pinceladas relevantes sobre su contenido son:

Distribución. - La línea de 20.000 millones de euros, se divide en dos sub tramos iguales. Uno primero, de hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y PYMES; el otro, segundo, de igual cuantía límite se destina para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.

Consideración de PYME. - A efectos de elegibilidad, se usan las definiciones comunitarias. Así pues, son PYME’s las empresas con menos de 250 empleados y cuyo volumen anual de operaciones no supere los 50 millones de euros.

Dentro de esta categoría, se considera pequeña empresa la que tiene menos de 50 trabajadores o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros; y microempresa a la que ocupa a menos de 10 personas o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

Operaciones elegibles. - La finalidad de la línea de avales es el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, y tiene por objetivo cubrir nuevos préstamos y modalidades de financiación, así como las renovaciones; que sean concedidos por entidades financieras, para atender necesidades de financiación derivadas de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Las condiciones de elegibilidad son:

  • Que las operaciones se hayan formalizado o renovado después del 17 de marzo de 2020.
  • No figurar en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 en la consulta a CIRBE.
  • No estar sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores.

Caracteres de los avales. – Centrándonos sólo en el caso de PYME’s y Autónomos:

  1. Cantidad garantizada: como máximo el 80% de la operación, de que se trate.

  2. - Remuneración del aval. – Cuando garanticen préstamos de hasta 1,5 millones de euros será de 20 pb anuales (0,2%) sobre el saldo del importe total avalado. Para operaciones con un importe nominal a 1,5 millones de euros será de:
       - 20 pb anuales (0,2 %) para avales con vencimiento de hasta 1 año;
       - 30 pb anuales (0,3%) si el vencimiento se produce entre 1 año y 3 años;
       - 80 pb anuales (0’8%) para vencimientos de más de 3 años; hasta 5 años.

  3. Vencimiento del aval. - El plazo del aval emitido coincidirá el de la operación, hasta un máximo de 5 años.

Plazo de solicitud - Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020, aunque dicho plazo podrá ampliarse por Acuerdo de Consejo de Ministros, de conformidad con la normativa UE.

Desde Luis Pérez & Asociados, Abogados y de cara a ayudar a nuestros clientes a salir a o sobrellevar estas circunstancias, abogados y economistas analizarán su situación y le asesorarán, desde nuestra sede o por vía telemática, sobre cómo proceder para evitar o mitigar dentro de lo posible los efectos nocivos que la crisis que se avecina pueda causar a la actividad empresarial, del tipo que sea, desde la hostelería, pasando por el comercio en general hasta cualquier sector productivo que pueda verse afectado negativamente y en situación de insolvencia por esta situación adversa. Es sumamente importante por las consecuencias que se derivan para el sujeto (particular, autónomo, o empresa), realizar un estudio pormenorizado de su situación económico-financiera, con la finalidad de elegir el instrumento adecuado para paliar o reducir dentro de lo posible ese escenario de insolvencia en el que se encuentra, y articular mecanismos óptimos de cara a permitirle seguir desarrollando su actividad económica sin causarle ningún impacto o mitigarlo al máximo.

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